Lino Rodríguez y su mujer se enfrentan hoy a siete años de prisión por ocho facturas falsas

Según las acusaciones, ocho facturas con las que se justificó una subvención de 780.000 euros concedida en 2009 por la Junta de Castilla y León a la patatera Campo de Peñafiel, de la que el expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, era administrador único, fueron «contabilizadas» en la asesoría Sodeprin, de la que Rodríguez y su esposa, economista de profesión, eran únicos socios. En total, las facturas supuestamente falsificadas suman un millón de euros.

Ambos acusados se enfrentan a penas de cárcel por falsificación de documento público mercantil solicitadas por el fiscal y la acusación ejercida por la Junta, a penas que van de los cuatro a los siete años de prisión. Las defensas mantendrán, -en principio y si no hay acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reducir la condena-, la petición de libre absolución.

Los documentos, con los membretes y datos mercantiles de varias empresas españolas y francesas (Barbarie, Electricidad Isaac, Dubrulle SAS, Europea de Suministros y Proyectos Industriales SL, Paneles Prefabricados del Suroeste, Transportes de Valentín de Lucas SL), contienen importes de supuestos pagos por compras y servicios realizados por la sociedad afín a Asaja Valladolid, que van desde los 195.000 euros, el más alto, a los 58.000 euros. Sin embargo, ninguno de los responsables de las empresas consultadas por la Junta -que fue la primera en abrir una investigación, hasta que decidió en 2014 llevar el expediente a la Fiscalía- reconoció haber realizado tales trabajos o encargos de material para la patatera.

Las facturas corresponden a proveedores reales, cuyos datos mercantiles y modelos estarían en poder de Sodeprin a raíz de otras transacciones anteriores realizadas con la sociedad que administraba Rodríguez. Sodeprin -como indica el último informe policial de la causa principal contra el expresidente de Asaja por supuesta malversación-, llevaba las cuentas, facturaciones y declaraciones tributarias de Asaja y sus sociedades sectoriales o filiales: Derco, Campo Abierto, Remolacheros de Valladolid, Indycons y Campo de Peñafiel, además de gestionar la contabilidad de otras sociedades, como Agrosistemas Integrales SL.

Los modelos de factura que son la pieza de cargo principal de este juicio se habrían escaneado y sustituido en ellos algunos conceptos, mientras que, en otras, todo el contenido de los datos sería inventado. Luego se habría puesto el sello de conformado para la subvención «y, para abundar en la apariencia de autenticidad, se doblaban y estrujaban para que pareciera que estaban usadas o que habían llegado por correo», según denunció la Junta.

Esta vista oral forma parte de la batalla judicial en la que está inmerso el exdirigente de Asaja Valladolid desde que el extesorero, Alberto Cano, presentara una querella contra él en 2013 acusándole de irregularidades en la gestión de la organización agraria.