Liberadas 26 mujeres obligadas a prostituirse en los últimos cinco años en Castilla y León

Al igual que a nivel nacional, la mayoría de las víctimas rescatadas en la Comunidad son de nacionalidad rumana y, según reconoce la jefa de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valladolid, Dolores Pérez Iribarne, en un porcentaje muy alto no se puede hablar de mafias organizadas, ya que los culpables son los propios familiares de las mujeres los que «de una forma terrible» se aprovechan de su vulnerabilidad, dado que, por lo general, son personas muy jóvenes, en ocasiones menores, sin recursos, que suelen vivir en el medio rural, y hasta indigentes.

En el conjunto de España, el 25,2 por ciento de las víctimas son de nacionalidad rumana (181), el 22 por ciento proceden de Nigeria (158) y el 76 por ciento de China (76). Después de estos países aparecen Bulgaria y Paraguay, ambos con 41, España (40), Venezuela (37), Colombia (28), Brasil (25) y República Dominicana (14).

Pérez Iribarne también admite la dificultad para completar las investigaciones, dado que además de la colaboración plena de la víctima hasta el final del proceso, en muchas ocasiones los culpables están fuera de España. No obstante, la inspectora deja claro que, en todos los casos, el primer objetivo es liberar a la víctima y después ofrecerla protección y ayuda social, además de comunicar su situación a la Fiscalía. «Es un trabajo conjunto y paralelo en el que todos vamos de la mano», afirmó.

Otro de los factores que contribuye a dificultar las investigaciones policiales es el cambio del escenario donde se ejerce la prostitución, ya que de la calle y los clubs de alterne se está desviando a pisos, utilizando internet y las redes sociales para publicitarse. En este caso, según explica, las inspecciones son más complicadas dado que para entrar en un domicilio se requiere una orden judicial.

Por comunidades, Andalucía se situó en cabeza con 144 casos, por delante de Cataluña (133), Madrid (93), Baleares y Valencia (52). Por encima de Castilla y León también se sitúan Canarias (37) y Galicia (36). Por el contrario, el La Rioja no se contabilizó ningún caso, uno en Cantabria, cuatro en Extremadura y ocho en Navarra.

Alrededor de 40 millones de personas son víctimas de trata en todo el mundo, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Aunque entre las víctimas también hay hombres, el 72 por ciento de ellas son mujeres y niñas, según datos del informe sobre trata de personas publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en 2018.

En España la trata de seres humanos está reconocida como delito en el Código Penal y abarca diferentes formas de instrumentalización de las víctimas. Además de la explotación sexual, también contempla los trabajos forzados, la realización forzada de actividades delictivas, tráfico de órganos, mendicidad y celebración de matrimonios forzados. De entre estas modalidades, es la explotación sexual la más común a nivel global (el 59 por ciento de las víctimas de trata son sometidas a esta forma de explotación). La segunda causa de trata es el sometimiento a trabajos forzosos, que abarca el 34 por ciento de los casos.

En los casos de explotación laboral desde 2015 la Policía Nacional y la Guardia Civil han liberado a 311 personas en España, 16 en Castilla y León. Andalucía volvió a ser la comunidad con más casos, al alcanzar los 62, por delante de Navarra (56), Cataluña (49), Castilla-La Mancha (51) y Valencia (25). En País Vasco, La Rioja y Cantabria no se registraron casos.

En este tipo de explotación, el 'modus operandi' es muy simular, aunque por lo general hay menos implicación directa de los familiares de las víctimas y suelen funcionar más los grupos criminales, aseveró Pérez Iribarne.

La ultima gran operación realizada por la Policía Nacional en Castilla y León contra la explotación sexual tuvo como escenario un club de alterne de Estépar (Burgos), donde el pasado mes de junio fueron liberadas once mujeres y detenidas cuatro personas, dos españolas y dos de nacionalidad ucranianas, país del que procedían la mayor parte de la víctimas.

La operación se inició en 20015, fecha desde la que se calcula que hubo más de 200 mujeres víctimas de explotación sexual. En este caso, las víctimas eran captadas a través de anuncios publicados en Internet y redes sociales, donde se ofertaba empleos de camareras para trabajar en un hotel de España. Una vez que las mujeres contestaban al anuncio, la captadora, de origen ucraniano, les comunicaba que los gastos del viaje, la documentación necesaria y el alojamiento corrían a cargo de la empresa y se les descontaría proporcionalmente del salario.

Cuando aterrizaban en España, bien en el aeropuerto de Madrid o en el de Burgos, eran recogidas por otro miembro de la organización trasladándolas en un vehículo hasta el supuesto hotel donde se iban a alojar y a trabajar como camareras. Para su sorpresa, al llegar al establecimiento les comunicaban que habían contraído una deuda de unos mil euros que debían de saldar prostituyéndose en la misma habitación donde se alojaban, sin dejarlas salir bajo ningún concepto.

Las víctimas debían prostituirse en jornadas de unas diez horas los siete días de la semana, y para evitar que la deuda contraída fuera devuelta rápidamente, la banda criminal había establecido un sistema de multas, incrementando la deuda constantemente para mantener más tiempo a las mujeres sometidas.