León rompe la tendencia autonómica y anota un leve crecimiento del tejido empresarial con siete empresas nuevas

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social revela que al cierre del mes de septiembre de este año había en la Comunidad un total de 69.824 empresas cotizantes a la Seguridad Social, lo que representa 28 menos que en el mismo mes de 2017, y rompe una senda de cuatro años de crecimiento.

La mayor caída de empresas se produjo en el sector servicios, 248 actividades menos, con lo que el terciario contaba en el noveno mes del año con 49.061, un 0,5% menos que un año antes. La industria, muy castigada durante los últimos meses en la Comunidad, con cierres traumáticos como Vestas en León, Made en Medina del Campo o Siemens Gamesa en Miranda de Ebro, también perdió una docena de actividades hasta un total de 6.891.

Por el contrario, tuvieron un buen comportamiento el sector agrario y la construcción, que empieza a reactivarse tras tocar suelo durante el ciclo recesivo. Así, ligadas al sector primario nacieron 173 nuevas empresas, hasta un total de 6.147 en septiembre de 2018, con un avance del 2,9 por cieno respecto a 2017. Asimismo, la construcción vio nacer otras 59 sociedades, con un aumento del 0,7 por ciento, hasta cerrar el noveno mes del año con 7.725.

Este retroceso del número de empresas de la Comunidad contrata con el dato de creación de puestos de trabajo, que crecieron entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año un 2,6 por ciento, hasta un total de 649.951 trabajadores asalariados.

Por sectores, el empleo se redujo paradójicamente en el agrario, un 2,1 por ciento, hasta los 27.151 asalariados; y creció más en la construcción, un 9,7 por ciento, hasta los 40.504. Asimismo, el número de trabajadores se incrementó un 2,6 por ciento en los servicios, hasta los 453.649, y sólo un 1,5 por ciento en la industria, hasta los 128.647.

El informe indica que a cierre del noveno mes del ejercicio, estas empresas cotizaban por 339.683 hombres y 310.268 mujeres. La mayor parte de los trabajadores estaba contratado a tiempo completo, con 491.913, frente a los 197.848 a jornada parcial. Cabe destacar asimismo, que 442.112 tenía un contrato indefinido, 350.827 a tiempo completo y 91.285, a jornada parcial; y 207.839 era temporal, con 141.086 a jornada total y 66.753 parcial.

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, acogió los datos con «enorme preocupación», y advirtió de que la desaparición de actividades, unido a un menor dimensionamiento de la unidades productivas respecto a las de otros países «describe un escenario poco atractivo para la inversión empresarial».

Aparicio aseguró que en la actualidad se está viviendo un «panorama de reestructuraciones» empresariales a todos los niveles, donde «es necesario dotarse de la máxima flexibilidad posible en todos los mercados, con el fin de poder ir cambiando de tácticas, conforme se producen los vertiginosos cambios en los diferentes mercados actuales y potenciales». Así, urgió a «profundizar en el mercado laboral dotándole de más flexibilidad, además de generar un entorno macro y micro favorable al desarrollo de la actividad empresarial».

Asimismo, el dirigente patronal demandó medidas efectivas el redimensionamiento de las empresas; y un apoyo a su digitalización, sobre todo para la pyme. Aparicio consideró asimismo esencial alcanzar un pacto educativo; y acometer «la gran reforma que aún queda pendiente: la reforma del sector público».

El presidente de Cecale reclamó avanzar hacia la unidad de mercado; una rebaja de la presión impositiva y normativa; y una simplificación burocrática. Además, exigió que se rebaje de forma efectiva el coste de la factura energética; y que se persiga la economía sumergida.

Santiago Aparicio también aprovechó para advertir de los perniciosos efectos que tendría para la economía, la aplicación de las medidas presupuestarias pactadas entre PSOE y Podemos. Un acuerdo «negativo, toda vez que la generalidad de las medidas planteadas se dirigen a poner más obstáculos a la actividad productiva empresarial, generadora de riqueza y artífice de la creación de empleo, a la vez que elude cualquier referencia al gasto destinado a políticas sectoriales y de inversiones».