León incorpora a su sistema educativo a 26 menores procedentes de Ucrania

Así lo señaló este jueves el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que tras recordar que la semana pasada el número de refugiados era de 85, lo que muestra esa evolución creciente, informó que, de los 600 actuales, 262 tienen ya la tarjeta sanitaria de la Comunidad con las características propias de la población desplazada.

Además, Carriedo apuntó que la Junta tiene, dentro de su ámbito de protección a la infancia, la tutela de 27 menores extranjeros no acompañados. Un número que, sin embargo, no es creciente sino «cambiante», ya que mientras los menores siguen llegando, muchos de ellos lo hacen antes que sus madres, que posteriormente se asientan en la Comunidad, por lo que, en esos casos, los menores «pasan al sistema natural ordinario por el que la tutela corresponde a sus padres cuando llegan».

Por último, informó el portavoz de la Junta que, en el ámbito educativo, son 150 los alumnos procedentes de Ucrania que se han incorporado en estas semanas al sistema educativo de Castilla y León. De ellos, 21 lo han hecho en la provincia de Ávila, 31 en Burgos, 26 en territorio leonés, 15 en Palencia, 13 en Salamanca y otros tantos en Segovia, seis en Soria, 18 en Valladolid y siete en Zamora.

Esta situación, recordó Carriedo, requiere «un esfuerzo adicional de la Junta» en materia de contratación de apoyo, por un lado para el «apoyo ordinario que se lleva a cabo con cualquier alumno que se integra ya comenzado el curso» y, por otro, por las circunstancias relacionadas con el idioma, ya que muchos de los menores integrados en el sistema educativo «no saben español y solo algunos tienen conocimiento en inglés».

En cualquier caso, el portavoz de la Junta señaló que ahora se está iniciando un procedimiento que tendrá «un coste mayor en el futuro», motivo por el que el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ya pidió en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en La Palma, un «fondo específico» para sufragar dichas cuantías tanto en el ámbito sanitario como en el de servicios sociales, educación, vivienda y empleo.

No obstante, se trata de un coste que «recae fundamentalmente sobre las comunidades», tal y como manifestó Carriedo, por lo que consideró necesario «tener garantizada la capacidad de financiación para poder afrontar esos costes».