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Un juzgado de instrucción de Salamanca ha iniciado diligencias por posible financiación ilegal contra el PP de Castilla y León, según una providencia fechada ayer, 29 de junio. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca estimó el pasado 8 de abril el recurso interpuesto por el Foro de Izquierda-Los Verdes contra el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad en el caso de la investigación de las primarias del PP que enfrentaron a Alfonso Fernández Mañueco con Antonio Silván y que ganó el primero, lo que le convirtió en el candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
El alto tribunal consideraba que debía seguirse adelante la investigación penal encaminada a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de un partido político y el Juzgado de Instrucción Número 2 ha decretado la reapertura de la causa.
El magistrado-juez Juan Rollán García, que declara firme el sobreseimiento y archivo de las actuaciones seguidas por delitos de coacciones, falsedad documental, usurpación de personalidad y otros posibles ilícitos en el proceso electoral de dichas primarias en marzo de 2017, recibirá declaración en calidad de testigos a Agustín Gómez Vicente el próximo 30 de julio y a César Gómez-Barthe Celada, militante del PP salmantino, un día después.
En su resolución, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca acuerda asimismo requerir al PP de Salamanca para que en el plazo de treinta días aporte nombre y apellidos de cargo electo, asesor o relacionado del PP que ha efectuado alguna de las donaciones objeto de esta causa; cargo electo o actividad que desempeñaba al momento de realizar la donación, cantidad donada y persona o entidad a la que entregó la donación y justificación documentada (aportando recibo o movimiento bancario si lo hubiere, o, en su defecto, declaración jurada del donante).
El magistrado-juez requiere asimismo al PP de Salamanca que aporte identificación anonimizada del militante del PP cuyas cuotas han sido sufragadas por las donaciones objeto de la causa; cantidad económica a la que ascendían las cuotas adeudadas que han sido sufragadas por las donaciones objeto de la causa y justificación documental (se aportará movimiento bancario si existiere, o en su defecto apunte contable que refleje la satisfacción de las cuotas adeudadas).
Por último, confiere traslado al Ministerio Fiscal, a la acusación popular y a la representación del Partido Popular, para que propongan medios de prueba (posible identificación del denunciante anónimo, declaraciones de testigos, documental), evitando «una investigación prospectiva encaminada a la indagación genérica sobre la posible comisión por los denunciados de cualquier ilícito penal».
El artículo 304 bis del Código Penal por el que se cuestiona el juez instructor implica multas y penas de cárcel en los supuestos de donaciones anónimas, finalistas o revocables a partidos políticos, donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales y donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica.
El caso se remonta a mediados de junio del año pasado cuando en plenas negociaciones entre el PP y Cs para conformar un Gobierno en Castilla y León -que finalmente prosperó-, este Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca abrió diligencias previas para investigar una denuncia anónima que se refería a la petición de dinero, entre 300 y 500 euros, a cargos y asesores del PP para pagar cuotas atrasadas de afiliados que necesitaban regularizar estos pagos para participar en las primarias del PP-CyL en 2017.
El juzgado investigó la supuesta comisión de delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y falsedad documental, después de que una persona anónima presentara una denuncia en la que acusaba al entonces alcalde de Salamanca y actual presidente del PP-CyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de promover estas prácticas para ganar las primarias.
Semanas después, el mismo tribunal decretó el archivo de las diligencias al considerar que carecían de «tipicidad penal» ya que, en opinión del juez instructor, «el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva».
Ante este sobreseimiento, el Foro de Izquierdas-Los Verdes de Salamanca, que se había presentado en las diligencias como acusación popular, recurrió ante la Audiencia Provincial.
La Audiencia de Salamanca, en un auto con fecha de 8 de abril de este año, ordenó al Juzgado de Instrucción que volviera abrir el caso ya que consideraba necesario agotar la investigación a efectos de comprobar el destino final de las cantidades aportadas« con el objetivo de »comprobar si se ha podido cometer algún delito en la actividad llevada a cabo por el PP«.
De este modo, el máximo órgano judicial de Salamanca revocó el auto judicial de archivo del Juzgado de Instrucción y dejó «sin efecto el sobreseimiento libre acordado, debiendo seguir adelante la investigación penal» que debe encaminarse «a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político».
Y añadía en su auto: «por el momento no se disponen de datos suficientes que acrediten que, o toda la recaudación efectuada en los términos expuestos en la denuncia y confirmado por los testigos, se ha destinado única y exclusivamente al pago de las cuotas debidas por otros afiliados o que las cantidades recaudadas fueron insuficientes para atender las cuotas debidas, de forma que habría sido necesario acudir a otras formas de financiación (en la denuncia se habla de dinero B), para cubrir el resto de cuotas adeudadas y así permitir a un mayor número de militantes acceder al voto».
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