El juzgado da la razón a la Junta en la anulación del polémico examen de personal de servicios

El fallo judicial, avanzado por la consejera portavoz, Milagros Marcos, da la razón a la Junta en esa decisión e «impone las costas del proceso a los recurrentes», según precisó la dirigente autonómica.

El magistrado recoge en el fallo que coincide «con las consideraciones de la administración demandada. Las preguntas (en tela de juicio) se formularon en términos teóricos, recabando respuestas de naturaleza esencialmente teórica y por ello se ha producido un flagrante apartamiento de las bases del concurso oposición», además de valorar como «indiscutible» la conformidad a derecho de las resoluciones de la Junta.

Marcos resaltó la satisfacción de la Junta porque el juez entiende que la administración ha actuado dentro de la legalidad, mientras que desde el grupo de recurrentes mostraban su «perplejidad» ante un fallo que están analizando con más detalle antes de decidir si lo recurrirán.

El proceso selectivo en cuestión ha ido de escollo en escollo. El examen anulado saltó a los medios de comunicación por el nivel académico que exigía el test, sobre todo en la parte de normativa, para unos puestos, la mayoría de limpiador y camarero, que se sitúan en la parte más básica del escalafón de la plantilla autonómica, y para unos aspirantes a los que se exigía una titulación de certificado básico de estudios o similar.

Se presentaron 181 recursos de opositores que censuraban la dificultad de la prueba y la posible existencia de preguntas fuera de temario, a los que se sumaron las alegaciones a los mismos. La Junta estudió esas reclamaciones y decidió anular el examen por entender que pese a que las preguntas estaban en el temario, había al menos trece de las cuarenta cuestiones tipo test de la parte que aborda los conocimientos prácticos para desempeñar el puesto de trabajo que tenían una orientación claramente teórica.

Eso fue en septiembre. Días más tarde presentaba casi en bloque su renuncia el tribunal que había elaborado el test. La Junta nombró otro nuevo para que retomara el proceso selectivo y acometiera la repetición de la prueba, tribunal en el que se vio obligada a cambiar a alguno de los nuevos miembros porque incurrían en incompatibilidad para desempeñar esas funciones.

Tras la anulación de primer ejercicio, un grupo de opositores que consideraban que habían superado la prueba y que volver a convocar a todos los aspirantes atentaba contra el principio de acceso en condiciones de igualdad a un empleo público recurrieron. Ese procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona se ha tramitado en paralelo a la organización del segundo examen, que tuvo lugar el 2 de diciembre.

La Junta se vio obligada a reservar, de nuevo, más de 300 clases y aularios en las universidades de Valladolid, León, Salamanca y Burgos para acoger a los opositores. Fuentes oficiales cifran en más de 10.000 los que se presentaron a esa prueba, de los casi 19.000 inscritos.

Los que afrontaron ese segundo test se encontraron con preguntas relacionadas con prácticas concretas de limpieza y productos que estaban «fuera de norma» y con cuestiones sobre el Estatuto de Autonomía que se habían redactado con el texto anterior a la reforma de 2007 de esta norma básica de la comunidad, con lo que el tribunal o había manejado un texto desactualizado o había extraído las preguntas de exámenes antiguos.

Los opositores tuvieron entre el 4 y el 11 de diciembre para presentar reclamaciones sobre preguntas concretas y en ese análisis están ahora los cinco integrantes del tribunal, según han confirmado fuentes de la Consejería de la Presidencia, valorando si anulan preguntas del test principal y las sustituyen por algunas de las ocho de reserva incluidas en el examen.