Justicia sin toga

La otra justicia gratuita y sin toga ocupa un volumen importante del trabajo del Procurador y, aunque estas quejas individuales de bata y zapatillas tiene menos eco mediático que las protestas por las macrogranjas o las movilizaciones para conseguir aceleradores lineales para tratar el cáncer en todas las provincias (las dos grandes quejas abordadas en 2018 por el Procurador), son las resoluciones de los pequeños conflictos vecinales las que más contribuyen a la paz social y a restituir parte de la maltrecha confianza en las instituciones públicas.

La sanidad suele concentrar el 50% del total de las quejas que se reciben anualmente en la oficina. Algunas trascienden lo local para ser protesta común en todas las provincias, como la forma de citar a los pacientes. Los servicios de citaciones del Sacyl muchas veces intentan localizar a los pacientes en horario laboral, de manera que, o no se encuentran en su domicilio, o no pueden atender el teléfono móvil. Esto dio problemas porque hubo casos en que se interpretó, incluso, que el interesado renunciaba a la consulta. En otras ocasiones, el paciente no podía marcharse unos días de su domicilio, pendiente de recibir la citación por correo ordinario. El Procurador recomendó a la Consejería de Sanidad «que impartiera instrucciones urgentes para racionalizar el sistema y garantizar la comunicación adecuada y eficaz con los pacientes».

Otro caso que trasciende lo local son las ayudas económicas para familias con hijos que tienen cardiopatías congénitas. Cada año nacen en Castilla y León entre 150 y 200 niños con esta enfermedad que les crea diferente grado de dependencia. El expediente estudiado por el Procurador aborda la desprotección de aquellos progenitores que tienen que abandonar su vida laboral para dedicarse de forma permanente al cuidado diario de sus hijos que, como consecuencia de la enfermedad, no pueden ir a guarderías, escuelas infantiles o centros educativos. Desde la oficina se solicitó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que estableciera algún tipo de apoyo económico para compensar la pérdida de ingresos, y esta comunicó que se estudiaría.

Cada año llegan a la oficina de León ejemplos de silencio administrativo o, directamente, de desprecio a los administrados que, hartos, antes de decidirse a denunciar en la vía judicial, apelan al «sentido común» del defensor del pueblo autonómico. Y muchas veces funciona porque, aunque sus resoluciones no son vinculantes para las administraciones, casi siempre se dan por enteradas del sutil tirón de orejas del Procurador y rectifican.

En un centro de salud de Salamanca se eliminó sin explicaciones el contenedor para lancetas y jeringuillas de los pacientes diabéticos, a quienes simplemente se les indicó que este material de riesgo podía tratarse como los residuos domiciliarios, tirándolo a la basura en un frasco. Sanidad aceptó la resolución del Procurador, que consideraba pertinente que se supervisara la existencia de contenedores en los centros de salud «impartiendo instrucciones a los profesionales sanitarios para que proporcionasen adecuada información a quienes han de deshacerse de sus jeringas y agujas, evitando el problema sanitario que podría ocasionarse si se hacía de forma inadecuada»

Es un clásico de las quejas vecinales. No hay año que un campanario o un reloj pasados de decibelios no forme parte de la estadística del Procurador. El pasado año la queja de los vecinos procedió del municipio salmantino de Mozárbez porque aseguraban que el reloj estaba programado para marcar las horas a todo volumen desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche. Tras las mediciones a cargo de la Diputación salmantina, el Ayuntamiento comunicó que la empresa que instaló el reloj había sustituido el martillo «por otro de menor pegada» y que el horario se había adaptado a la normativa vigente.

La Consejería de Sanidad denegó a un paciente reintegrar los gastos médicos por la compra de una silla de ruedas porque había sido prescrita por un traumatólogo. El paciente acudió al facultativo correspondiente, que le expidió el volante pero, según Sacyl, estaba fuera de plazo y se le volvió a denegar. El Procurador entendió que el paciente no tiene por qué conocer quién debe expedirle un volante y estimó que debía buscarse la solución a través de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Vecinos de Pozuelos del Rey (Palencia) escribieron al Procurador tras cuatro años pidiendo al Ayuntamiento que se talara un árbol con las ramas podridas por la peligrosidad que suponía. Ya en varias ocasiones se habían caído ramas y se habían llevado por delante los contenedores de basura. Temían que cualquier día hubiera un percance con los peatones, pues el olmo estaba en una zona de paseo muy frecuentada. Además comentaban como «agravio comparativo» que lo mismo pasaba con un árbol ubicado junto a la iglesia, que fue talado de inmediato en cuanto llamó el párroco. Cuando el Procurador requirió todos los informes técnicos y medioambientales, el Ayuntamiento de Villada taló el árbol, así que el asunto se archivó por solución, para alivio de los vecinos, que escribieron una carta de agradecimiento al Procurador, Tomás Quintana, en el cargo desde octubre del año pasado.

Vecinos de Palencia acudieron al Procurador después de intentar, sin conseguirlo, que el Ayuntamiento señalizase en condiciones y mejorase la accesibilidad de un paso de peatones situado entre las calles Tordesillas y Marcelino Camacho. Solo se había pintado la mitad de la carretera, dejando varios metros de calzada sin señalizar, con el consiguiente riesgo para los peatones. La Administración local reconoció que, efectivamente, el paso estaba sin pintar pero argumentó que se completaría cuando se reurbanizara totalmente la zona. El Procurador resolvió que no se podía esperar y que era necesario restablecer y reubicar el paso de peatones, con independencia de que, en la futura reurbanización, se volviera a ejecutar.

En Zamora, en un alarde de surrealismo, el colectivo que puede pagar unos céntimos menos en el autobús tiene que ir en taxi a conseguir la tarjeta que les acredita como beneficiarios de esa bonificación, al ser personas de la tercera edad y discapacitados. En concreto, tienen que desplazarse tres kilómetros para poder obtener la tarjeta acreditativa, porque la sede de la empresa del transporte urbano está en el polígono de La Hiniesta, donde no llega tal transporte urbano. Por eso se sugirió al Ayuntamiento de Zamora que requiriera a la adjudicataria para que abriera una oficina de atención a los usuarios en el núcleo urbano o pusiera a su disposición un local.

Un vecino de Quintanaortuño se quejó porque los siete contenedores de basura que antes se ubicaban en la plaza, fueron reubicados justo en la fachada de su casa, con los consecuentes problemas de olores y suciedad, además de estar en un espacio de difícil acceso para los vehículos de recogida y perjudicar al bar del pueblo, «el único gran productor de residuos». El Procurador tuvo que dirigirse dos veces al Ayuntamiento para insistirle en que cambiara la ubicación de los depósitos de basura. En un primer momento aceptó la resolución pero no cumplió, motivo por el que se reabrió la queja. Finalmente, los cambió.