La ley del Jurado cumple 25 años con 500 veredictos en Castilla y León

Aunque sobre la fiabilidad del criterio del jurado planea el 'síndrome' Dolores Vázquez, la gran injusticia del caso Rocío Wanninkhof , según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial no es muy elevado el número de sentencias basadas en veredictos de jurado que se 'tumban' en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (desde que tiene la competencia de dirimir las apelaciones en segunda instancia) y, en último término, el Tribunal Supremo, en casación. El alto tribunal revoca una de cada cinco sentencias.

El porcentaje de condenas es superior al 89%. Tampoco los jurados son más duros que los magistrados a la hora del veredicto, aunque según los juristas consultados, en el caso de los delitos de sangre son menos benévolos porque se ponen en el lugar de la víctima. Generalmente, los veredictos de «no culpable» suelen ser excepcionales. En Segovia, en 2018, dos acusado fueron encontrados no culpables de homicidio por el jurado siete años después de ser procesados por la muerte de su hermano. Fueron absueltos ambos acusados por falta de pruebas.

También es infrecuente que el Supremo invalide un juicio y tenga que ser rejuzgado el caso por un nuevo jurado popular. Pero ocurre. El caso más llamativo fue en Zamora. En el segundo juicio con jurado que celebraba esa Audiencia, en marzo de 1998, dos hermanos fueron absueltos de matar a su tía a pedradas en Villanueva de los Corchos dos años antes. En 2006 hubo que repetir el juicio por mandato del Supremo.

Desde que Palencia celebrara el primer juicio con jurado de Castilla y León –junto con Valencia y Palma de Mallorca, fueron pioneras de España– , el 27 de mayo de 1996, contra un vecino de Dueñas acusado de matar a su hermano a cuchilladas, las nueve audiencias provinciales de la comunidad han organizado hasta hoy cerca de medio millar de tribunales populares. La mayoría, con veredicto de culpabilidad y sentencia condenatoria para los acusados. La media anual oscila y hay provincias en las que ha habido años en las que no se ha celebrado ningún juicio con jurado, pero en estos años lo normal es que tengan lugar al año unas dos vistas, dado que suele tratarse de procedimientos que vienen de una instrucción muy larga, no menor de año y medio y, en algunos casos, se trata de verdaderas macrocausas complejas, con varios acusados . Los delitos que se juzgan por la Ley del Jurado están muy acotados. Se trata de delitos violentos, con muerte o lesiones, de corrupción política o económica (tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios), allanamientos e incendios.

La Audiencia de Valladolid, este año 2019 que termina, ha pulverizado la media estadística y ha duplicado los juicios con jurado, que siempre son los más mediáticos y en algunos casos han precisado de una organización y unas medidas de seguridad especiales. Abrió en enero pasado con el caso de 'Sebitas', asesinado junto al río Pisuerga por un amigo porque le reclamó el teléfono móvil, en 2017; el crimen de 'El Terre', el vocalista del grupo Kain. En el domicilio de sus padres, acuchilló al novio de su mujer, en Medina del Campo; el terrible caso de la niña Sara, la pequeña maltratada, violada y asesinada con 4 años en el domicilio de la Rondilla en agosto de 2017, por el que ha sido condenado el exnovio de su madre a la prisión permanente revisable, la primera que dicta en Castilla y León; y el recientemente juzgado parricidio de Parquesol, por el que el jurado, en tiempo récord de deliberación, ha declarado culpable de la muerte de su madre a un vecino vallisoletano, que fue detenido en el hotel Bali de Benidorm el 30 de enero de 2018, un día después de acabar con la vida de su progenitora a base de dosis letales de pastillas y rematándola con una almohada.

Pero si hay un juicio con jurado que ha marcado un antes y un después en la historia judicial de Castilla y León fue el caso del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. La celebración de esta vista contra Montserrat, su hija Triana y la policía local Raquel Gago supuso un alarde organizativo sin precedentes dado el interés mediático suscitado por el caso, el importante número de medios de comunicación acreditados y las limitaciones físicas de la antigua sede de la Audiencia leonesa donde se celebró el proceso durante un mes. El juicio permitió a la sede del tribunal provincial acelerar la modernización tecnológica, como reconoció la presidenta de la Audiencia de León, Ana del Ser. El sistema leonés ha sido después aplicado en otros juicios con jurado del resto de las provincias de Castilla y León.

También el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en coordinación con el entonces presidente de la Audiencia de Valladolid y del tribunal del jurado, Feliciano Trebolle, favorecieron la transparencia en el juicio por el crimen de la niña Sara, donde se habilitó una carpa en el vestíbulo del Palacio de Justicia para albergar a los periodistas, con un circuito cerrado de televisión para poder trabajar durante las vistas fuera de la sala del jurado. En lo que se refiere a medidas de seguridad, ya en 2004 la Audiencia vallisoletana tuvo que blindarse para el juicio por la muerte de los Ferreruela para evitar enfrentamientos entre dos clanes. Más recientemente, en León, hubo que hacer lo propio durante el juicio por el asesinato del boxeador Larralde para garantizar el orden público.

Cada dos años, las audiencias provinciales eligen mediante una aplicación informática de sorteo un amplio listado de personas sacado del censo. Se elige a cincuenta ciudadanos por cada juicio con jurado popular que se prevea celebrar. Estos elegidos pueden abstenerse de participar en el juicio por no encontrarse en la ciudad, ser mayores de 65 años, estar implicados en el caso, haber sido condenados o no encontrarse capacitados física o mentalmente. De ellos tienen que quedar 11. Acusación y defensa entrevistan a estos y pueden recusarlos por diversas causas, como cercanía con el acusado o por haberse significado o tener ideas preconcebidas sobre el caso o sobre la tipología. El último paso, horas antes de la vista oral, es formar el jurado definitivo, que estará integrado por nueve miembros más dos suplentes. Todos asistirán a todas las sesiones y nombrarán a un portavoz, que será quien lea el veredicto al que lleguen tras la deliberación. El coste de organización del jurado, en una semana de juicio, puede alcanzar los 8.000 euros. Para los detractores, supone un gasto considerable porque, sostienen, estos juicios, un tribunal profesional puede resolverlos en una sola jornada

Pero para sus partidarios, como el abogado leonés y vicepresidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León Fernando Santocildes, el jurado ha contribuido enormemente a democratizar la justicia. Lo primero que tuvieron que hacer hace 25 años los operadores jurídicos (magistrados, fiscales, abogados) fue adaptar su 'argot' al lenguaje llano para dirigirse al jurado. Este veterano letrado, que ha ejercido en procesos de jurado como acusación particular en el caso de la peregrina de Astorga y como defensa de uno de los acusados por el crimen del boxeador Larralde apunta que, a pesar de los dimes y diretes que suscita la Ley del Jurado, «nadie la ha derogado, a pesar de las diferencias políticas de los gobiernos».

El veredicto, sostiene el representante del Cracyl, «no es una mera opinión de unos señores que no saben nada de derecho, sino que se sustenta en un objeto del veredicto y que tiene que estar motivado, dejando claro que se pronuncian sobre hechos, no sobre Derecho».