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La subida en las retribuciones de los empleados públicos que la Junta de Castilla y León contempla en su proyecto de presupuestos para 2018, que ya ha sido presentado en las Cortes para que se inicie su tramitación parlamentaria, depende directamente de lo que ocurra ... con los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha manifestado la portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, quien ha señalado, no obstante, que «aunque es necesario que se aprueben los PGE para autorizar esa subida salarial, lo importante es que nosotros lo tenemos presupuestado para garantizar una subida del 1,5% prevista». Marcos ha indicado que dicho incremento «está vinculado a la situación nacional, y la inestabilidad de la situación económica vinculada a la crisis catalana no ayuda a realizar previsiones sólidas».
Lo mismo ocurre, señaló, con la previsión de crecimiento económico, que el Gobierno central ya ha anunciado que va a modificar a la baja. La consejera tildó de «muy precipitado» que la Junta se plantee ahora cambiar el escenario. «Hay que ver como evoluciona la situación de Cataluña y como esto afecta al país y a Castilla y León», indicó, aludiendo al último estudio realizado por la entidad España-Duero, en el que se pone de manifiesto que, en principio, la comunidad no iba a verse afectada. La consejera puntualizó que el Gobierno autonómico no dispone en este momento de datos como para cambiar sus previsiones de crecimiento. «No ha cambiado el techo de gasto, los ingresos, ni tenemos elementos de juicio sólidos como para plantear una modificación, teniendo en cuenta que ahora en lo que está trabajando el Gobierno es en restituir la legalidad», apostilló la portavoz.
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