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ICAL
Valladolid
Viernes, 31 de marzo 2023, 22:00
La Consejería de Empleo, Comercio e Industria sacó adelante este viernes su propuesta para, entre otras cuestiones, disminuir la financiación y reducir las competencias del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) para limitar su actividad a los conflictos colectivos, gracias a los cinco votos ... con los que cuenta en el Patronato de la Fundación SERLA, frente a los cuatro votos en contra de la resolución, correspondientes a la patronal CEOE-CyL y a los sindicatos CCOO y UGT.
Tal y como adelantó la Consejería de Empleo, Comercio e Industria el pasado miércoles, su propuesta, un «plan de viabilidad» para la Fundación SERLA, reduce la financiación hasta los 400.000 euros, limita su actividad a la mediación de los conflictos colectivos, elimina el puesto del director general de la Fundación para que sus funciones sean asumidas por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, y plantea el cierre de la sede del SERLA para trasladar sus dependencias a la Oficina Territorial de Trabajo.
Según informó este viernes esta misma Consejería, en un comunicado recogido por Ical, solo los miembros de la Junta de Castilla y León han votado a favor de la propuesta de la Administración para la reducción de la financiación de la actividad de mediación y arbitraje que realiza el SERLA, que como se anticipó a los agentes sociales el miércoles, será de 400.000 euros, reduciendo el 60 por ciento el presupuesto del ejercicio anterior.
Del mismo modo, se ha aprobado por mayoría, siendo los votantes de la Administración los únicos que han votado a favor, la solicitud a los miembros del ASACL de que renuncien a los conflictos laborales individuales, de manera que vuelvan a ser gestionados por la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid, para «evitar el sobrecoste de este servicio a los ciudadanos y eliminar las distinciones territoriales».
Asimismo, se ha aprobado solicitar a los miembros del ASACL, como parte del ahorro para la continuidad del SERLA, reducir la intervención de los mediadores a un único miembro por conflicto, así como la cuantía de su retribución atendiendo las necesidades de cada conflicto.
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