La Junta recurrirá el fallo del TSJ que suspende cazar en la región al prosperar una petición del Pacma

«Es una gravísima decisión que acatamos», insistió el consejero, que adelantó que la van a recurrir. «Discrepamos de una forma total, absoluta y profunda y lo hacemos porque consideramos que perjudica de una forma gravísima los intereses de Castilla y León».

Suárez-Quiñones auguró que a partir de ahora «se cierne un futuro sin caza durante bastante tiempo en Castilla y León» e invitó a leer el voto particular de uno de los magistrados de la sala que discrepa de sus compañeros.

El responsable de Medio Ambiente identificó perjuicios no solo para los intereses tradicionales o culturales sino también desde un punto de vista social, económico e incluso «medio ambiental y del interés de la seguridad de las personas».

En su opinión, este auto «supone prejuzgar el fondo del asunto y dejar a la Administración y a Castilla y León en la indefensión».

Dentro de la secuencia de las decisiones judiciales lo que ahora se suspende cautelarmente es un decreto aprobado hace 10 meses por la Junta, con el que se pretendía corregir otra normativa de 2015 sobre la caza y control de la fauna silvestre y adaptarlo así a otra sentencia. El pasado 26 de abril, la Junta publicaba un decreto en el que se definían las especies consideradas como cinegéticas, es decir, que se podían cazar, pero lo que ahora se le dice a la Junta, como en otras ocasiones, es que no se aportan estudios actualizados para argumentar que esas especies se puedan cazar. Tampoco se puede olvidar que ese decreto da cobertura a la orden anual de caza.

Las reacciones por parte de otros colectivos no se han hecho esperar y el propio Partido Animalistas a través de su portavoz, Silvia Barquero, ha asegurado que se trata de «una buenísima noticia para los animales y para las personas que queremos disfrutar de la naturaleza sin sentirnos amenazados ni violentados por las escopetas de los cazadores » . Su teoría es que esta es una oportunidad para «desarrollar planes de control no letales» e identificó el éxito de la medida en que «hemos ido a la raíz del problema, las órdenes se basan en el reglamento y hemos impedido que ese reglamento entre en vigor».

lquileres de cotos parados

A efectos prácticos, según Barquero, «hasta que no haya una resolución judicial firme no se puede cazar y puede tardar más de un año».

Desde la Federación de Caza de Castilla y León, Felipe Vegue lamenta que el auto llegue en un momento en el que muchos municipios están pendientes de las subastas de caza o de negociar el alquiler de cotos. «¿Quién va a pagar un coto si no se sabe si se va a poder cazar el año que viene?». Vegue intuye un perjuicio económico y argumenta que la solución «va a depender mucho del parlamento de la comunidad, será una decisión política».

En este sentido, desde el PP de Castilla y León piden que se tomen, a la mayor brevedad, «las medidas necesarias para blindar la caza, para garantizar que se pueda cazar»

Desde la Alianza UPA-COAG entienden que con esta decisión «dan alas a los grupos que prefieren que todo el campo se convierta en selva» y reclaman normas que den «seguridad jurídica y protejan» para que la fauna salvaje sea un patrimonio natural y no un problema.