La Junta reconoce que «preocupa» el número de sanitarios de baja por covid pero recuerda que es «menor que en otras olas»

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo, que apuntó que estos casos son «leves o asintomáticos», suponen una cifra «importante» por producirse en un momento donde la mayoría de los profesionales «disfrutan de su legítimo derecho a las vacaciones», por lo que «a la natural dificultad de disponer de profesionales sanitarios, se unen las vacaciones y esta situación de bajas por COVID».

En cualquier caso, Carriedo aseguró que esta cifra de bajas «no es tan alta como en los peores momentos» de la pandemia y que está «lejos de tener un impacto o incidencia como en las olas anteriores», porque aunque la incidencia en el conjunto de la población es «elevada», el impacto de esta en las UCI y los hospitales de la Comunidad «es menor que en otras olas».

El número de sanitarios que se encuentra de baja por COVID-19 en Castilla y León es así de 1.213, dividiéndose, por categorías profesionales, en 401 personas del personal de Enfermería que se encuentra actualmente de baja en la Comunidad, 226 médicos, 200 auxiliares, 98 celadores y 289 profesionales del resto de colectivos sanitarios y técnicos del Sistema de Salud Pública de Castilla y León.

Durante su comparecencia ante los medios, Carriedo recordó la importancia del «uso responsable» de las mascarillas, «especialmente en interiores», para el común de la población y especialmente para «las personas más vulnerables o que convivan con personas vulnerables», ante una incidencia «en aumento» que, no obstante, no llevará a la Junta a tomar ninguna decisión fuera de las que se esgriman en el Consejo Interterritorial de Salud porque las decisiones actuales deben ser «de contenido nacional».

Ese fue el motivo que esgrimió el portavoz de la Junta para justificar la no convocatoria del comité de expertos de la Comunidad, dado que ya acude el Gobierno autonómico al Consejo Interterritorial «con el ánimo de escuchar la posición de científicos y expertos» y porque las decisiones actualmente, tanto para el rango de edad para la comunicación de COVID como para establecer «algún añadido en el uso de las mascarillas», deben ser tomadas «en el ámbito nacional».

En cuanto a las posibles estrategias a establecer para una nueva vacunación masiva a la población, Carriedo apuntó que «tras las opiniones contradictorias del Gobierno, ahora plantea la vacunación para personas de más edad y riesgo», si bien queda por definir «qué tipo de vacuna» inocular a este colectivo poblacional.

Y es que, como recordó el portavoz de la Junta, «ahora está disponible la de la primera cepa», pero remarcó que «puede ser oportuno buscar una vacuna polivalente, como las que se están investigando, que haga frente a variables más modernas vinculadas a la cepa Ómicron».

En ese sentido, consideró que «si se aplica una vacuna idéntica a la que ya tenemos recibida, no está demostrada su eficacia», por lo que en caso de activar la vacunación con estas dosis «quizá tendríamos que vacunarnos dos veces contra una y otra cepa», por lo que consideró más adecuado «quizá esperar a esa vacuna polivalente que tenga en cuenta estas cepas de Ómicron que tienen más extensión e impacto».

Por último, y en relación al proceso de inoculación de las vacunas y sobre la posibilidad de volver a abrir los vacunódromos, Carriedo apuntó que «lo más razonable sería seguir el mecanismos que teníamos hasta ahora» por el que las personas en residencias de mayores se vacunasen allí y «las que no, lo hiciesen en centros de salud».

«Pero las personas que deseen vacunarse de esta cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo tienen que saber que no está disponible porque no está decidido el tipo de vacuna a aplicar y si hay que esperar a esa polivalente que sea más eficaz contra las nuevas cepas de Ómicron», concluyó Carriedo.