La Junta reclama por carta a Montero que reconsidere la distribución de los 7.000 millones de ayudas directas

Carriedo argumenta que la existencia de una distribución previa de cuotas entre comunidades puede generar desigualdades entre empresas, pymes, autónomos y profesionales en función de su localización. Por ello, considera que lo «deseable» hubiera sido una igualdad de trato en las condiciones de acceso a las ayudas, independientemente de su ubicación.

Asimismo, el consejero indica en la misiva que los criterios de reparto son «injustos», al «perjudicar especialmente» a comunidades autónomas con los mismos problemas que Castilla y León.

En esta línea, manifiesta que «lo más correcto» es que el modelo de gestión y la distribución de los recursos se hubiera acordado con todas las comunidades, por lo que desde Castilla y León se lamenta la ausencia de una consulta para tal fin.

Por otra parte, el consejero señala a la ministra que la Comunidad tiene propuestas relacionadas con la inclusión de algunas actividades productivas que han quedado al margen de las ayudas y que, en caso de haber tenido la oportunidad, se hubieran podido dar a conocer.

Por último, en la carta solicita la convocatoria, a la mayor brevedad posible, de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para poder abordar estas cuestiones y lograr una coordinación entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas en un momento tan difícil como el que se vive actualmente.