La Junta quiere más preguntas, pero no siempre tiene respuestas

A Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno, le sorprendió nada más acceder al cargo las escasas peticiones registradas y, especialmente, el bajísimo número que llega a través del formulario que habilita la Junta en su página web. Durante 2018, solo se registraron 122 solicitudes, una cifra que la Junta considera muy escasa. Además, más del 50% se formalizaron de manera presencial, un porcentaje que en otras administraciones públicas –como el Ayuntamiento de Madrid, de donde procede Meseguer– oscila entre el 8% y el 10%. En 2016, únicamente Melilla y Cantabria registraron menos solicitudes que Castilla y León por vía electrónica.

Por eso, una de las primeras medidas que el gobierno autonómico ha puesto en marcha a través de la Consejería de Transparencia pasa por la simplificación de los trámites 'on-line'. Para remitir el formulario, ya no es necesario disponer de un lector de DNI electrónico o de un certificado digital, una barrera para muchos usuarios, especialmente los de más edad y los que residen en entornos rurales.

Al formulario se accede a través de la web de Gobierno Abierto de la Junta, en el apartado de Derecho de acceso a la información pública. En él se pueden motivar los motivos de la consulta, aunque este campo es opcional. El gobierno autonómico recuerda a los ciudadanos que «resulta pertinente consultar si el contenido por el que se tiene un interés particular está publicado o no» en alguno de los múltiples portales del gobierno autonómico. Desde que se ha simplificado el acceso, la Junta ha notado cómo se elevaban las peticiones, según explican en la consejería de Transparencia. En la primera semana ya fueron 15 y algunas de ellas pasarán a ser del dominio público.

«Hay solicitudes que piden datos sobre programas de formación ocupacional del Ecyl. Lo razonable es que si esa información se le da al solicitante, también se ponga a disposición de todo el mundo a través del portal de Transparencia para que se pueda aprovechar», apunta Joaquín Meseguer.

Sin embargo, no todas las solicitudes de información presentadas acaban con los datos en manos de los solicitantes. En la actual legislatura, ya hay cuatro peticiones dirigidas a la Consejería de Presidencia que no han sido admitidas, dos de ellas relacionadas con información sobre personal laboral, porque necesitarían una «reelaboración», y otras dos relativas a la carrera profesional y la implantación de las 35 horas, al entender que se solicitan «juicios de valor». Una quinta solicitud, en este caso dirigida a la Consejería de Fomento y relativa a un proyecto de macrovaquería en la localidad soriana de Noviercas, tampoco ha sido admitida al encontrarse «en fase de elaboración», ya que la documentación aportada por la cooperativa Valle de Odieta «presentaba deficiencias que deben ser corregidas». Igualmente, Cultura no ha podido remitir a otro solicitante el proyecto para la restauración del retablo en Sasamón (Burgos) porque se encuentra en tramitación y Educación ha desestimado una petición para que se agilice la solicitud de una plaza para una alumna de FP.

En 2019, con el anterior ejecutivo en la Junta, la Consejería de Educación no admitió una solicitud para un trabajo universitario que quería disponer de las «circulares y directrices con relación al uso, autorización o prohibición del velo islámico en los centros educativos, así como los criterios aplicados para resolver situaciones conflictivas por el uso de prendas religiosas». Como esa información no existía –en Castilla y León no hay ninguna norma al respecto–, el formulario se quedó sin respuesta.

En 2018, entre otros asuntos, la Consejería de Sanidad desestimó una solicitud que pretendía conocer los «incidentes adversos» de diferentes productos sanitarios y la consecuencias que habían tenido para los pacientes. El requerimiento chocó contra «los límites de acceso a la información pública», en este caso «las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control».

Ese mismo año, la Consejería de Presidencia sí facilitó el listado, con nombres y apellidos, de los empleados de la Universidad de Burgos a los que se les había reconocido la compatibilidad para trabajar en el sector privado y en el público, pero la misma resolución desestimó la solicitud para disponer de las actas de los Consejos de Gobierno, ya que las deliberaciones son secretas por ley.

Entre 2016 y 2018, la Junta denegó o inadmitió 41 solicitudes de un total de 257 recibidas. En los datos de 2019 (hasta el 21 de octubre), han sido 22 las rechazadas, aunque solo siete de esas resoluciones corresponden al actual ejecutivo.