La Junta publica las bases para las ayudas a trabajadores en Erte, con preferencia para los de menor cotización

Ambas ayudas se enmarcan en el Plan de Choque para el Empleo, acordadas el pasado 11 de noviembre por Consejo del Diálogo Social. Además, Empleo e Industria publicó la modificación de las bases que regulan las subvenciones dirigidas a formación en Seguridad Industrial. Esta última modificación pretende, fundamentalmente, adaptar las bases a la nueva situación provocada por la crisis sanitaria, introduciendo la posibilidad de que la formación se imparta de modo no presencial.

Las nuevas bases para la regulación de ayudas a los trabajadores en situación de Erte por causa objetiva, que modifican las aprobadas el pasado mes de abril, establecen como principal novedad la modificación de los criterios de concesión de la ayuda. De esta manera, tendrán prioridad los solicitantes con menor base de cotización y se tendrá en cuenta el número de días de suspensión o reducción de jornada. Por último, en los supuestos de igualdad en los criterios anteriores, la concesión se determinará en favor de la solicitud que haya sido presentada con anterioridad.

Podrán solicitar estas ayudas los trabajadores -incluidos los fijos discontinuos- afectados por uno o varios expedientes temporales de regulación de empleo, con suspensión de contrato de trabajo o de reducción de jornada, derivado de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, en la misma empresa o en varias. Lo que no varía es que solo se podrán beneficiar los asalariados en empresas que no superen los 250 trabajadores y la base de cotización no sea superior a los 1.600 euros mensuales - incluida la parte proporcional de pagas extraordinaria- por contrato a tiempo completo, o la cantidad proporcional en contratos de jornada parcial. Los beneficiarios deberán haber estado en situación Erte al menos 45 días dentro del período subvencionable que recoja la convocatoria.

La cuantía de esta ayuda, que pretende compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, se fija en siete euros por jornada completa de suspensión de contratos, o su parte proporcional en los supuestos de reducción de jornada y en los casos de contratos a tiempo parcial. La ayuda tendrá una duración máxima por trabajador de 90 jornadas completas de suspensión, alcanzado por tanto una cuantía de hasta 630 euros por trabajador.

Esta línea de ayudas cuenta con una partida económica de 5 millones de euros que sumada a la convocada el mes de agosto supone una cuantía total de 11 millones de euros. De este modo, Castilla y León se posiciona como una de las comunidades autónomas que mayor esfuerzo ha realizado para complementar las rentas de trabajadores en situación de Erte y una de las pocas que ha habilitado ayudas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en esta situación.

Las ayudas para financiar sistemas de protección COVID-19 van dirigidas a las empresas de Castilla y León que tengan trabajadores por cuenta ajena, siempre que su número, en todo el territorio nacional, sea inferior a 250 y el volumen de negocios anual no supere los 50 millones de euros.

Las subvenciones van destinadas a financiar la adquisición de sistemas de protección colectiva y de señalización frente a la COVID-19, así como la adquisición de productos químicos de limpieza y desinfección, y el mantenimiento y mejora de sistemas de climatización destinados a prevenir posibles contagios.

La cuantía de la subvención será del 80 por ciento del gasto realizado hasta un máximo de 2.000 euros por beneficiario. Para esta línea de ayudas la Consejería de Empleo e Industria destina una partida inicial de dos millones de euros.

Por último, el Bocyl publicó la modificación de las bases que regulan las subvenciones dirigidas a formación en Seguridad Industrial. Esta modificación tiene como principal objetivo adaptar las bases a la nueva situación provocada por la crisis sanitaria, introduciendo la modalidad de teleformación en las acciones formativas que se desarrollen por parte de las empresas; además se introducen otro tipo de criterios destinados a fomentar la responsabilidad social de los beneficiarios en materias como la igualdad.