La Junta propone aplicar el acuerdo para las 35 horas en abril pero sujeto a la existencia de presupuestos

El secretario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) UGT de Castilla y León, Tomás Pérez, informó este lunes de que la Junta ha propuesto esta tarde aplicar el acuerdo para la recuperación de las 35 horas el 1 de abril de 2020, pero siempre sujeto a la existencia de presupuestos y otro tipo de requisitos económicos.

Lo hizo durante un receso del encuentro que aún continúa en la sede de la Consejería de Presidencia, en Valladolid, para intentar alcanzar un acuerdo, y en el que los sindicatos mantienen su petición de que sea efectivo a partir del 1 de enero.

La reunión, que de momento se prolonga por espacio de casi tres horas, cuenta con la presencia de los consejeros de la Presidencia y Economía y Hacienda, Ángel Ibáñez y Carlos Fernández Carriedo, respectivamente, así como con representantes de UGT, CCOO y CSIF.

Si las dos partes no llegan a un acuerdo antes de las 14:00 horas de este marts, los sindicatos mantendrán la convocatoria de huelga para el 6 de noviembre. En este sentido, señaló que la Junta «toma por tontos» a los empleados públicos porque siguen «sin cumplir» lo pactado en mayo de este año, cinco días antes de las elecciones autonómicas y municipales.

«Esto no debería ser una chirigota. No es una mercado árabe. Los acuerdos están para cumplirlos», comentó Pérez, quien recordó que la Junta alegó al principio de la negociación motivos económicos, «pero dicen unas cifras, luego las niegan, y parece que no se llega a un acuerdo por cinco millones, cuando han suprimido un impuesto a los ricos por el que dejarán de ingresar más de 200 millones de euros».

El responsable de UGT tachó a la Junta de «dejar pasar todas las elecciones y ahora hacer lo que quiere». «Una vez que no cumplen el acuerdo ya pueden decir lo que les da la gana. Asumen la huelga; Se nos ha utilizado a los empleados públicos», comentó. El siguiente paso será «ir a juicio y que le expliquen al juez las razones de no aceptarlo».

«Nosotros damos por bueno aplicarlo el 1 de enero», insistió, al menos para los trabajadores que «no suponen coste alguno», es decir, todos menos la sanidad y educación.