La Junta prevé fondos para las mancomunidades urbanas

Con esta iniciativa, anunciada durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para hablar de presupuestos, De Santiago-Juárez pretende forzar un avance en la ley que regularía las unidades básicas rurales y a la que se opone el PSOE, al que ha retado a impulsar una derogación del modelo que en su día aprobó si es tan malo para el medio rural, informa Efe.

«El que firme recibirá fondos, el que no, no», ha adelantado De Santiago-Juárez, convencido de que con esta iniciativa «se acabarán los mantras» y se responderá al «test» sobre el rechazo que puede existir entre los municipios sobre el modelo de ordenación territorial, ya que según ha desvelado hay socialistas al frente de «municipios muy importantes» que sí firmarán un convenio con la Junta para acceder a estos fondos. «Lo tendrán que explicar», ha añadido.

De Santiago-Juárez ha centrado su intervención en la situación que atraviesa la culminación del modelo de ordenación territorial en el apartado de las unidades básicas rurales, que se tramita y que cuenta con el rechazo del PSOE, por lo que no puede salir adelante al necesitar una mayoría reforzada de dos tercios de los votos.

En el presupuesto figuran 64,7 millones de euros para las entidades locales, el 3,56% más que en el presente año, de los que 51,4 millones corresponden al fondo de cooperación local vinculado a ingresos de impuestos cedidos y otros 13,3 millones del fondo de participación en tributos propios, también el 3,56% más.

El vicepresidente y consejero de la Presidencia ha explicado que su intención es que en 2018 los municipios ya puedan acceder a ayudas para integrarse en las denominadas mancomunidades de interés general, aunque ha insistido en que para que todos ellos puedan concurrir en igualdad de condiciones, tendrá que estar aprobada la normativa referida a las uniones rurales.

En concreto, De Santiago-Juárez ha explicado que los «incentivos» que prevé ofrecer en 2018, entre ellos los 25 millones de euros previstos para dotar el denominado Plan Plurianual de Convergencia Interior, «no se han activado hasta la fecha» porque quería «arrancar con ellos cuando todos los municipios estuvieran en igualdad de condiciones».

«Estamos a tiempo de hacer posible entre todos que a estos fondos puedan concurrir en igualdad de condiciones las mancomunidades de interés general urbanas y rurales», ha resumido.

«No es el momento ahora ni de decidir dónde se pone un centro de salud o si ampliamos o no un colegio de primaria, no confundan el debate interesadamente y no engañen a los ciudadanos de Castilla y León», ha criticado el vicepresidente, quien ha insistido en la predisposición al diálogo de su departamento.

En su opinión, «no culminar el modelo de ordenación dejaría en peor situación a los habitantes del medio rural que a los que están en zonas urbanas y sus alfoces» y se dejaría pasar una «oportunidad histórica: no va a haber otra», ha sentenciado.

Los grupos de la oposición han criticado, más en declaraciones a los periodistas que en la propia comisión, lo que consideran como un «chantaje» o una «amenaza» del consejero. El primero en hacerlo ha sido el representante del PSOE, Luis Briones, convencido de que el vicepresidente tiene «una obsesión» con la culminación del modelo de ordenación territorial, pero ha añadido que «sería recurrible» en el caso de que el consejero cumpla con lo anunciado. «Esperemos que no sea una amenaza», ha apostillado Briones, convencido de que la posición contraria de su partido a aprobar la última ley del modelo «no es ningún capricho», sino que es una decisión de los alcaldes y concejales socialistas que han analizado esta normativa.

En esta disputa entre la Consejería, el PP y el PSOE, le ha replicado el viceportavoz popular Ángel Ibáñez, quien ha afirmado que «la aplicación de la ley no puede suponer nunca un chantaje», sino que el «chantaje» lo ejerce quien, «por cabezonería, bloquea el último de los instrumentos e impide a 900.000 ciudadanos» acceder a los fondos comprometidos. «No castiguen al mundo rural», ha pedido en referencia al PSOE.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Podemos, Natalia del Barrio, ha considerado que la comparecencia del consejero ha sido «promocional» de la ley de ordenación del territorio y le ha acusado de plantear un «chantaje» a los municipios de la Comunidad por hablar en una disposición adicional de una partida de 25 millones de euros para el Plan de Convergencia Interior y condicionar su activación a la aprobación de la ley.

El portavoz de ciudadanos en esta comisión, José Ignacio Delgado, ha lamentado que el PP y el PSOE «siempre están con sus peleas y sus guerras» en materia de ordenación del territorio, pero ha centrado su crítica en la «amenaza velada» que en su opinión ha lanzado el vicepresidente.

Tras escuchar a los portavoces de la oposición, el vicepresidente ha negado que aplicar la ley pueda considerarse como un chantaje y ha afeado a los socialistas que hablen de sus enmiendas a la ley como mejoras, ya que «se olvidan de La Raya» y de la zona más despoblada de Soria en sus propuestas, en una argumentación que ha apoyado con un mapa de la Comunidad.