La Junta prevé un aumento «exponencial» de las autorizaciones del teletrabajo que en la actualidad disfrutan 611 funcionarios

Durante la presentación del decreto de teletrabajo en la Junta, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, aseguró que este avance viene a constatar que la Administración de Castilla y León está inmersa en una «acelerada» transformación digital. «El contexto actual en relación con la pandemia ha acelerado este camino especialmente en el ámbito educativo, el sanitario, la administración electrónica o el teletrabajo, poniendo de manifiesto la importancia de Internet y la tecnología, gracias a las cuales ha sido posible dar continuidad a los servicios públicos, de modo efectivo, pese a las adversidades», expuso.

En este sentido, defendió la capacidad de adaptación de la administración y la profesionalidad de los empleados públicos para acometer los cambios necesarios durante la pandemia. Asimismo, indicó que este decreto se sustenta en una serie de principios que dan respuesta a las nuevas demandas sociales, buscando la flexibilidad y adaptación a la nueva coyuntura social y económica, la contribución a la fijación de población en el medio rural o la contribución a la sostenibilidad ambiental, entre otros. «Pretendemos, además, que este nuevo impulso al teletrabajo sea una ventaja para la conciliación de la vida laboral y familiar, y que contribuya a la mejora de la actitud de los trabajadores y un aumento del rendimiento», precisó.

El consejero ofreció unos datos «elocuentes« ya que desde 2018 se habían autorizado en la Junta un total de 716 solicitudes de teletrabajo, de las que, hasta el inicio de la pandemia, quedaban unos 200 trabajadores en esta modalidad. Tras la declaración del estado de alarma, que ahora se cumple un año, se han gestionado casi 1.100 peticiones, por lo que en la actualidad hay 661 personas en esta modalidad de teletrabajo. «Esto demuestra que este modelo de prestación laboral ha llegado para quedarse», sentenció. Eso sí, reconoció el porcentaje de empleados públicos que teletrabaja no es «especialmente elevado» del total de 85.000 empleados, aunque añadió que hay una cantidad «sensiblemente notable» que no se puede acoger a esta modalidad como los servicios esenciales en el ámbito sanitario y educativo.

La directora general de Función Pública, Paloma Rivera, apuntó que, desde el inicio de la pandemia, la demanda de autorizaciones para el teletrabajo ha sufrido una progresión importante. «Regulando un decreto más aperturista que permita el acceso a esta modalidad de prestación de servicios, esperamos un incremento exponencial de las peticiones pero sin poder ofrecer un dato cierto«, manifestó.

El aumento de las autorizaciones de teletrabajo obligará a la Junta a facilitar los medios telemáticos para el desempeño del puesto, además de la necesidad de aprobar un plan individualizado de trabajador. Rivera señaló que la auditoría de la Inspección General de Servicios detectó que algunos de los puestos de trabajo no se han podido desarrollar en esta modalidad al existir una falta de medios para hacer su uso por parte de los trabajadores. «La administración apuesta por ponerlos a su servicio para no exista ninguna traba en su acceso«, señaló.

En cuanto a los plazos, la idea de la Consejería de la Presidencia es que el nuevo decreto sobre teletrabajo esté aprobado, de manera definitiva, antes de cuatro meses tras reconocer que es un expediente que implica un dictamen del Consejo Consultivo y unos estudios económicos por su importante impacto. «Lo agilizaremos lo máximo posible, siempre y cuando haya un consenso con las organizaciones sindicales«, añadió Rivero.

La directora general de Función Pública recordó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que el teletrabajo no es un derecho del trabajador sino que es una modalidad de la prestación del servicio, tal y como lo recoge el Estatuto Básico. De ahí que la administración pública debe de garantizar ese «equilibrio» en la prestación del servicio, por lo que no todos los empleados estarán excluidos pero prima atender el servicio público. En este sentido, el consejero de Presidencia dejó claro que la apuesta real por el teletrabajo no supondrá, en ningún caso, «descapitalizar» los servicios que presta la Junta.

Por lo tanto, los responsables de los diferentes departamentos y servicios tendrán que aprobar de manera homogénea las autorizaciones pertinentes para que el servicio se pueda seguir prestando de forma óptima. «El potencial es muy amplio pero luego la propia administración, en función de las necesidades de cada departamento, lo podrá ir orientado en el modo que resulte más conveniente para el funcionamiento del servicio«, significó Ibáñez.

Es decir, la Junta propone con el decreto «armonizar» las autorizaciones para el teletrabajo para que todos los empleados tengan opción a los puestos de trabajo con este tipo de modalidad de prestación de servicio, «siempre y cuando exista un equilibrio en la organización interna del servicio que permita desempeñar las tareas encomendadas». De ahí que Rivero recordara que habrá que «combinar» tres factores como la disponibilidad de los recursos, lo que obligará a una modernización de la administración, la prestación del servicio y la posibilidad de que el trabajador pueda prestar su actividad en remoto.

La directora general de Función Pública puso el ejemplo de un servicio que presta una actividad de gestión de expedientes de autorizaciones urbanísticas, compuesto por siete personas, con una actividad presencial. «No todos los componentes del equipo pueden estar en teletrabajo pero podrán rotar y turnarse a lo largo del tiempo para que todos puedan tener ese acceso», explicó.

También destacó que, en un futuro, las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) identificarán los puestos en los que el trabajador pueda solicitar la modalidad de la prestación de servicio mediante teletrabajo , no solo de nuevo ingreso a la hora de seleccionar el puesto sino también en cualquier concurso de traslados o en un movimiento de provisión de puestos de trabajo.

En línea con el teletrabajo, el consejero presentó la la Guía de transformación digital dirigida al empleado público y que aporta valor a las competencias de los profesionales que trabajan en la prestación de los servicios públicos. Tal y como indicó el consejero, los fines de la guía son sensibilizar acerca de la importancia de la transformación digital en la administración, difundir entre los empleados públicos lo que supone el proceso de transformación digital y capacitarles en la mejora de su desempeño, y describir las competencias clave de las personas asociadas a la transformación digital en Castilla y León.

La guía se acompaña de una amplia oferta de acciones formativas de competencias digitales gestionadas por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), que incluyen 48 acciones formativas para este año 2021. Asimismo, se está desarrollando un proyecto, en colaboración con la Dirección General de la Función Pública y la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, para la certificación de las competencias digitales de los empleados públicos.

Tal y como explicó el consejero, los medios de los que se disponen en la actualidad permiten manejar más información, con mayor capacidad de gestión y procesado, de tal forma que se pueda prestar un mejor servicio a la sociedad, «sin embargo, es sabido que el éxito de la transformación digital no solo depende de la tecnología utilizada y cómo se implemente, sino que es necesario asegurar que las personas sepan aprovecharla para sacarle el máximo potencial, aportando valor, pues la realidad es que la tecnología solo es útil en la manera en que se usa. Buscamos poner el talento de nuestros profesionales a la vanguardia del progreso».

De esta forma, la Junta pretende que las personas que trabajan en la administración se sientan protagonistas del cambio y pieza fundamental de la transformación digital, que estén sensibilizados sobre su importancia a la vez que también puedan acceder a claves y recursos prácticos para su capacitación.

Las áreas competenciales más relevantes que contiene la guía versan sobre innovación, adaptación al cambio, la toma de decisiones basada en datos, el trabajo colaborativo, la orientación a la ciudadanía, la productividad personal y el tecnoempoderamiento.

«La modernidad es hoy una nota definitoria del Gobierno autonómico, un gobierno de la transformación y del cambio de Castilla y León. Por ello, la Junta pone la innovación y la digitalización al servicio de nuestros empleados públicos, para que, sin duda, esta actuación redunde en unos mejores servicios públicos para todos nuestros paisanos», concluyó Ibáñez.

Un cambio que tendrá su incidencia en la teletramitación de todos los procedimientos que se realizan a través de la Junta. «Entendemos que el cien por cien del teletrabajo real de esta modalidad de prestación de servicios será evidente cuando todo esté insertado en los procedimientos digitalizados. Es un trabajo de impulso entre varias direcciones generales para que esa realidad virtual de prestación de servicios sea total en breve», añadió Rivero.