La Junta presenta alegaciones contra el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno por incluir al lobo como especie cinegética

Con esta premisa, la Junta defendió de nuevo la caza controlada del lobo al norte del río Duero, como contempla la Ley de Caza. Tal y como mantuvo Carnero, «con la presentación ahora de estas alegaciones ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno Regional se sitúa al lado de los ganaderos de la Comunidad, que son la verdadera víctima de la decisión tomada por la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ante el régimen excesivo de sobreprotección del lobo que persigue el Estado».

La especie del lobo tenía en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007, legislación básica del Estado, una protección estricta para las poblaciones al sur del río Duero, pero se admitía su caza controlada para las poblaciones ubicadas al norte del mismo.

Bajo este régimen, se aprobó la Ley de Caza de Castilla y León de 1 de julio de 2021, donde se contempla por ello la posibilidad de caza controlada del lobo al norte del río, previa obtención de la correspondiente autorización administrativa.

Sin embargo, tres meses después, el Estado aprobó la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 2021 que amplía también la restricción de la caza del lobo al norte, abarcando por tanto todo el territorio de España y alterando la previa previsión legal básica que venía desde el año 2007.

Esta Orden fue inmediatamente impugnada por la Junta de Castilla y León ante la Audiencia Nacional mediante un recurso contencioso administrativo, como también lo hicieron gobiernos autonómicos de diferentes signos políticos, como Cantabria, Asturias o Galicia, que en la actualidad se están tramitando.

El Estado señala ahora en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto que esta Orden, aun siendo de fecha posterior, «ha hecho que devenga en inconstitucional la Ley autonómica aprobada previamente», y es ese pronunciamiento lo que el Estado reclama en este recurso al alto Tribunal respecto a todos las artículos y anexos de la Ley autonómica que hacen referencia al lobo.

Por su parte, Carnero entiende que «en este supuesto no es razonable, ni jurídicamente exigible, la acomodación inmediata de la Ley autonómica a la nueva norma estatal, cuando precisamente la Ley entró en vigor bajo parámetros objetivos de constitucionalidad y respeto a la legislación básica del Estado en el tema del régimen jurídico del lobo».

Además, «está en serio debate», según la Junta, la legalidad ordinaria de la Orden aprobada por el Estado, que «restringe su caza, de tal forma que no tiene asegurado su carácter estable o, al menos, no tiene garantizada su permanencia para los operadores jurídicos, dado su cuestionamiento judicial, y cuyo resultado escapa al conocimiento del propio y más alto Tribunal Constitucional».

En este sentido, los Servicios Jurídicos autonómicos plantean al Constitucional dos supuestos. Por un lado, qué «ocurriría si posteriormente la Audiencia Nacional diera la razón a la Junta o a cualquier otro recurrente, y declarara la ilegalidad de la Orden Ministerial, después de que se haya obligado a acometer los cambios normativos de derogar parte de la Ley autonómica, cambiar su reglamento de desarrollo y dejar sin efecto un plan de aprovechamientos comarcales del lobo vigente». Y por otro, «cómo habría que proceder en tal caso para reestablecer esa normativa».

Además, en defensa de la ley autonómica, señalan que una simple Orden Ministerial «no cumple los requisitos formales ni materiales necesarios para sobreponerse a la normativa autonómica», ya que tales previsiones sobre limitaciones de la caza del lobo al norte del Duero sólo podrían haberse acordado por un Real Decreto del Consejo de Ministros, como exige la Ley básica del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007.

Principio de buena fe

Por último, la Junta indicó que «siempre ha actuado de acuerdo con el principio de buena fe y lealtad institucional, cosa que no resulta predicable respecto a la conducta del Estado». De hecho, recuerda el Ejecutivo autonómico que en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Castilla y León, en las negociaciones previas abiertas a partir del 1 de octubre de 2021, «de las seis discrepancias existentes manifestadas por el Estado en relación con la Ley autonómica de Caza se llegó a un acuerdo interpretativo en cinco de ellas, por entenderlas justificadas, quedando sólo la divergencia en este tema del lobo».

En todo caso, la conducta que mantiene la Junta de Castilla y León «no produce una afectación perjudicial de derechos de terceros» (ayuntamientos, cazadores y ciudadanos en general) «ni de la propia especie del lobo, ni ataca al principio de seguridad jurídica». Argumenta que a pesar de la impugnación de la última normativa dictada por el Estado ante la Audiencia Nacional, y «a pesar de discutir su legalidad», el gobierno regional «está cumpliendo desde la entrada en vigor con dicha Orden Ministerial, lo que ha conllevado que desde septiembre de 2021 no haya producido ni una sola norma ni dictado un sólo acto o resolución administrativa que contravenga sus previsiones, todo ello, lógicamente, a expensas del resultado que ante la jurisdicción ordinaria se produzca».

La Ley de Caza de Castilla y León trata también de proteger y mejorar la situación de una Comunidad eminentemente ganadera, que aporta un 51 por ciento del peso de la producción agraria en esta tierra, frente al 36 por ciento que supone en el resto de España, es decir, 15 puntos más. «Además de su importancia económica, la ganadería también es esencial para el asentamiento de la población en el mundo rural, más que ningún otro sector agrario», asevera la Junta.

En definitiva, como afirmó el consejero, con la presentación de estas alegaciones, la Junta no se sitúa en contra del lobo, pero «sí en la búsqueda de un equilibrio estable entre la conservación del cánido y el mantenimiento de la ganadería, para lo que no se pueden incrementar sus ataques». En este sentido, recordó que en 2019 fueron 2.580. Precisamente, la «bondad del régimen» que ha estado vigente hasta ahora ha permitido que se pasara en Castilla y León de una estimación de 125 manadas de lobos en 1988 a 175 en 2013.