La Junta pide cofinanciación a partes iguales a sindicatos y patronal si quieren extender el Serla a todas las provincias

Amigo, que presidió una reunión de la Permanente del Diálogo Social, destacó la «reacción de sorpresa» de los agentes económicos y sociales a su planteamiento, porque «no esperaban algo así», y aclaró que le pidieron una propuesta por escrito, con los costes que supondría la actuación, que espera «no superará los seis millones de euros».

Carlota Amigo deseó que este planteamiento no suponga un nuevo conflicto con los agentes del Diálogo Social y expuso que si están dispuestos a poner su parte para el desarrollo de un acuerdo «privado» su departamento, aunque ya están definidos los presupuestos, haría un esfuerzo para agregar su parte.

La consejera indicó su compromiso en convocar de urgencia una nueva reunión de la Permanente del Diálogo Social para presentar la propuesta con los costes por escrito, y quiso dejar claro que está garantizada la aportación actual a la fundación, que este año supera los 700.000 euros, incluso mejorarla para que siga prestando sus servicios en Valladolid, ya que el resto de provincia, repitió, están cubiertas con trabajadores formados de la Junta.

Amigo insistió en que es preciso negociar un nuevo acuerdo sobre el Serla y defendió su propuesta como «viable, razonable y adaptada a la situación que estamos viviendo» y explicó que si aportasen los agentes económicos y sociales podría dejar de ser una fundación pública, aunque «en todo caso la Junta tiene el compromiso de seguir cooperando». «Si quieren extenderlo con tanta urgencia necesitamos que se comprometan y pasen a aportar financiación a la fundación», resumió.

La consejera de Empleo e Industria remarcó que no es el momento de «aumentar el coste a los ciudadanos con la que está cayendo» pero garantizó la colaboración del Ejecutivo a un acuerdo «privado» de forma «adaptada a la difícil situación que estamos viviendo». Amigo recalcó que la extensión «puede multiplicar enormemente el coste actual» del servicio, ya que con una sede en Valladolid, su coste supera los 700.000 euros, y abría que abrir nuevos espacios, contratar mediadores, pagar alquileres y material en el resto de las capitales junta a Ponferrada, que cuenta con juzgado de los Social.

Carlota Amigo recordó que el Serla lleva activo desde 1997, con financiación total de la Junta, y advirtió de que forman parte de la fundación «pero podemos no estar y que sigan ellos sin que la Junta participe como patrono». «Hablamos de si en plena crisis, con la que esta cayendo, con las necesidades que hay, es el momento de extender unos servicios cubiertos», se preguntó de nuevo.

Amigo trasladó su respeto a la autonomía de sindicatos y patronal que suscribieron III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y determinados Aspectos de la Negociación Colectiva de Castilla y León (ASACL), para extender las funciones del Serla a los conflictos individuales. Al respecto, asumió que tienen legitimidad para hacerlo y la Junta les ofrece su colaboración para desarrollarlo con un nuevo convenio en el que se fijen «contribuciones iguales de todas las partes, Junta, CCOO, UGT y Cecale», para cubrir los gastos que supondría llegar a todas las provincias.

Asimismo, expuso que si se cierra un acuerdo de aportación económica, también será necesario fijar un sistema de rendición de cuentas y de selección «objetiva» de los mediadores, por criterios de «igualdad, mérito y capacidad».

Amigo también asumió la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de julio, que reconoce la legitimidad y capacidad de sindicatos y patronal para establecer un sistema de arbitraje y medicación propio, pero dejó claro que «no supone ningún tipo de responsabilidad económica o de gestión para la Junta».

«Hay que renegociar todos los acuerdos que existen a día de hoy», dijo, para recordar que están a la espera de los informes de necesidades del nuevo gerente, así como de las conclusiones de la comisión paritaria entre PP y Ciudadanos en las Cortes, sobre las fundaciones de la Administración autonómica. «Los acuerdos anteriores están finalizados y hay que abordar un nuevo modelo viable, razonable y coherente nueva situación económica, con austeridad y corresponsabilidad», sentenció.