La Junta ofrece a los cuerpos de seguridad sus 1.600 informes de posibles casos de violencia de género

En una primera reunión para analizar los programas puestos en marcha en la lucha contra la violencia de género, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Alicia García, se comprometieron a mantener la unidad de acción entre las administraciones y a intercambiar toda la información para que las posibles víctimas estén más protegidas.

Tras el encuentro, calificado por ambas de «muy importante» al tratarse de una materia que es una «prioridad» para Gobierno y Junta, Barcones avanzó que «en los próximos días» se hará efectiva la financiación derivada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de casi 10 millones de euros, de ellos 7,5 van al Ejecutivo de la Comunidad, 1,5 a las entidades locales y 600.000 euros a programas como la trata de mujeres o agresiones sexuales.

Por su parte, Alicia García calificó de «muy importante» el ofrecimiento a las fuerzas y cuerpos de Seguridad de los 1.600 informe de valoración de la situación de las victimas de violencia en el año 2017 para que los conozcan y les ayuden en la toma de decisiones cuando se recibe una denuncia por un posible maltrato. La consejera detalló que se trata de la historia social y el informe de vulnerabilidad social de las victimas, elaborados por los servicios de su departamento.

En tal sentido, recordó que los jueces y fiscales ya tienen acceso a esas historias sociales después de la firma de un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y añadió que ahora lo que se hace es proponer a la Delegación del Gobierno que puedan ser consultados también por los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

«Se ha abordado hoy como necesario y ahora se realizarán los trabajos técnicos y protocolos que sean necesarios para que dispongan de 1.600 informes de valoración que suponen más información para dar mas protección a las víctimas, sobre todo en casos de riesgo alto», precisó la consejera de Familia.

La delegada del Gobierno, en el ámbito de una cooperación y coordinación compartida entre ambas administraciones, animó a las víctimas de violencia de género «a dar el paso y entrar en una comisaria» para realizar la denuncia y subrayó que el incremento de ellas y de las ordenes de protección son pasos «positivos» para que mujeres que sufren maltrato salgan de «la oscuridad».

En la reunión, la consejera de Familia presentó a la delegada los servicios puestos en marcha por la Junta para atender a las víctimas en el marco del modelo que desarrolla la Junta y que consideró que se refuerza con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La seña de identidad del modelo 'Objetivo Violencia Cero', según la responsable de Familia, es la coordinación y cooperación entre todos los agentes implicados en la lucha contra esta lacra social.

Entre los servicios puestos en marcha, destacó la intervención psicológica inmediata en sede judicial o policial, que funciona desde el mes de julio, habilitado las 24 horas del día y que se activa en 30 minutos desde que la víctima da el consentimiento tras el ofrecimiento que hace el profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad o bien de los juzgados. «Cuando una víctima va a una comisaria para interponer una denuncia es un momento complicado y sin duda la asistencia psicológica es importante y relevante de apoyo», afirmó.

Además, se refirió al servicio de asistencia letrada y psicológica gratuita a las mujeres y niñas víctimas de agresiones o abusos sexuales, que también estimó importante por las fuerzas y cuerpos de seguridad. La necesidad de formación de los agentes, que se va a reforzar con el pacto, fue otro de los puntos puestos en común, junto con la red de detección de victimas de trata en el entorno de la prostitución y atención psicosocial.

En cuanto a posibles lagunas en la valoración policial del riesgo, como se ha puesto de manifiesto en algunos de los casos de este «septiembre negro», la delegada y la consejera explicaron que el protocolo data de 2007, pero observaron que desde entonces ha habido «ajustes» ante la evolución de los casos de violencia y apoyaron su revisión a la realidad. García añadió que la «consta» que se trabaja en esa dirección como ha informado la Secretaria de Estado de Seguridad.