La Junta se obliga a utilizar hasta un 10% de áridos reciclados en obras públicas de su competencia

Según pudo conoce Ical, la Administración autonómica contará con la obligación de utilizar el diez por ciento en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización esté prevista en la obra para aquellos casos de obras nuevas de urbanización, zanjas, conducciones, abastecimiento y saneamiento, obras asociadas al desarrollo de redes de telecomunicaciones, suministro eléctrico y cualquier otra vinculada a proyectos de urbanización. Ese porcentaje se mantiene para obras nuevas de carreteras, aeropuertos, caminos, pistas forestales y otros pavimentos de tránsito.

Igualmente, la Junta se obliga a usar el tres por ciento de áridos reciclados en la rehabilitación de carreteras y el dos por ciento cuando se trate de obras nuevas de edificación.

Con esta medida se prevé dar un importante impulso al uso de materias primas secundarias de calidad procedentes del sector del reciclaje de residuos de construcción y demolición; y forma parte del decreto aprobado en el último Consejo de Gobierno, presentado por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que convierte a Castilla y León en la segunda comunidad autónoma en poner en marcha una norma de este calado.

La norma se aplicará a los residuos de construcción y demolición definidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero; a los áridos reciclados y a los residuos inertes generados en su valorización; y a las obras o actuaciones en las que se utilicen dichos materiales, ya sean obras de infraestructuras o de edificación.

Entre las medidas que tiene por objeto este decreto se encuentran el establecer en la Comunidad la separación en obra de las distintas fracciones de residuos generadas; fomentar el uso eficiente de los recursos en el sector de la construcción, estableciendo precisamente la obligación del uso de los áridos reciclados en la obra pública de la Administración de la Comunidad, así como reforzar el uso de áridos reciclados y de residuos inertes y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental de los gestores de residuos de construcción y demolición, mediante el establecimiento de una fianza para las instalaciones de tratamiento de estos residuos.

El contenido de la norma desarrolla las definiciones de árido reciclado, residuo inerte adecuado, aplicaciones ligadas, aplicaciones no ligadas y obras de restauración minera, partiendo de las definiciones establecidas en normativa estatal, pero acotando su definición y concretando su significado en el marco del uso sostenible de estos materiales procedentes de plantas de reciclaje de residuos.

El decreto fija también los requisitos para el uso del árido reciclado y para el uso de residuos inertes adecuados procedentes de las plantas de reciclaje de RCDs, cuyos usos se restringen a en restauraciones mineras, acondicionamientos y rellenos, tal y como establece el artículo 13 del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. Además, para el caso de las restauraciones mineras se concretan asimismo requisitos de parámetros ambientales y de características del hueco minero en restauración, así como frecuencias de control.

La norma prevé el establecimiento de garantías financieras para las plantas de reciclaje de RCDs con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental de los gestores de residuos de construcción y demolición, y se indica que el cálculo de la cuantía de la misma, se realizará conforme a lo establecido en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos, debiendo depositar la fianza el titular de la actividad de gestión de residuos de construcción y demolición.