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Jueves, 8 de noviembre 2018, 13:43
Técnicos informáticos, personal de cocinas, educadores, fisioterapeutas, veterinarios y farmacéuticos son categorías profesionales que se suman a las indicadas líneas arriba y afectadas por la demora en la convocatoria de oposiciones abiertas o de procesos de promoción interna de la oferta de empleo público ... que aprobó la Junta de Castilla y León en 2017.
Se trata de 21 procesos selectivos de personal en nómina de la Administración general autonómica (sin Sacyl ni Educación) que suman 609 plazas. Frente a estas que no se han convocado a falta de menos de dos meses para que acabe el año, la Junta sí ha puesto en marcha los exámenes para cubrir de forma estable otras 656 que aprobó en su oferta de empleo público del año pasado. Los dos últimos procesos han salido de la lista de pendientes esta misma mañana, publicándose la convocatoria en el Bocyl. Se trata de cuatro plazas de conservadores y auxiliares de museos.
El proceso más populoso de los que se han iniciado es el que se abrió en enero para dotar 384 plazas de personal de servicios (camarero, limpiador...), al que se presentaron casi 19.000 aspirantes y que está en este momento a la espera de que se repita el examen de junio anulado por la Consejería de la Presidencia tras estimar parte de los recursos interpuestos por el contenido del cuestionario.
Junto a esta oposición, se han iniciado otras para cubrir de forma estable puestos en los niveles superiores (A1) de la Administración en la áreas de gestión, económicas y financieras y jurídicas.También de inspectores de consumo. La oferta de 2017 recoge 58 plazas del Cuerpo Superior de la Administración, de las que 30 son de promoción interna para mejorar la carrera profesional de empleados ya en nómina autonómica. El primer examen de este último proceso se ha saldado con el exiguo resultado de 3 aprobados que pasan a la segunda prueba, el día 17 de este mes, y 38 suspensos.
El retraso en poner en marcha los procesos que se autorizaron el año pasado genera críticas entre los sindicatos y en el ámbito parlamentario. Mariano Prieto, presidente autonómico de sector de Administración General de CSIF, censura esa demora para cubrir la primera oferta de empleo de cierta entidad tras varios años en blanco y apunta que este retraso puede desembocar en una acumulación con la que se apruebe con cargo a 2018, «buscando una lectura electoral». Las plazas engordarían convocatorias que serían efectivas en 2019, año con elecciones autonómicas y municipales. «Al final, habríamos perdido otro año», incide Prieto, para una plantilla autonómica en la que los empleados con plazas fija «se van cargando de edad».
«Se ha perdido empleo estable estos años con jubilaciones que no se han repuesto», apunta Juan Carlos Hernández, responsable del Sector Autonómico de CC OO. Este dirigente sindical explica que hay plazas vacantes pendientes de cubrir que atienden interinos. Sobre todo en centros asistenciales. Pero eso no ocurre en departamentos que tramitan subvenciones, por ejemplo, «y eso afecta a la atención al ciudadanos». Carmen Ámez, de UGT, coincide en que «no tiene justificación ese retraso».
Podemos ha presentado recientemente una iniciativa en las Cortes para que se convoquen las oposiciones pendientes de 2017 e interpelará al vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en el pleno de la próxima semana, según avanza Natalia del Barrio, viceportavoz de esa formación.
Desde la Consejería de la Presidencia han declinado valorar la situación de esas 609 plazas autorizadas en 2017 y pendientes de convocar.
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