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Juan Carlos Suárez-Quiñones se tomará dos semanas más para preparar su comparecencia en las Cortes de Castilla y León por el caso de la adjudicación de todoterrenos usados a empresas de desguace que, según la investigación en curso en el Juzgado número 1 de ... Valladolid, siguen en carretera en algunos casos, por lo que puede haberse producido una venta por debajo de su valor de mercado. Suárez-Quiñones ha definido su cita con los parlamentarios para el día 26 de este mes a las 17 horas. Una fecha que para la oposición llega «muy tarde», después de que el PSOE la pidiera con«urgencia» el pasado día 7. El líder de Unidas Podemos, Pablo Fernández, aseguró que «ya debería haberse producido» esa comparecencia y tildó la demora como «bochornosa».
Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la «comparecencia del consejero de Fomento en las Cortes, el 26 de febrero a las 17 horas». Ante las palabras del socialista Luis Tudanca sobre lo que consideró un nuevo caso de corrupción, Igea se limitó a explicar que esperarán a escuchar «lo que tenga que decir el juez». Y añadió que, en la primera revisión de los hechos que ha efectuado el Gobierno autonómico, no se han detectado irregularidades.
«Me parece importante lo que hable el juzgado. Llevamos varias meses oyendo algunas consideraciones por parte del PSOE que luego no se ven reflejadas o incluso tienen que ir al juzgado a desmentirlo después de que se les requiera por vía judicial. La Junta de Castilla y León ha mostrado su total predisposición a colaborar con la justicia y vamos a dar todas las explicaciones necesarias en sede parlamentaria», señaló Igea, que aseveró que «en este momento de la investigación no se puede hablar todavía de corrupción».
La Junta, de momento, ha intentado analizar qué pasos se dieron en la enajenación de los 313 vehículos que se decidieron jubilar por haber alcanzado los diez años de antigüedad. La tramitación corresponde, en este caso, a las delegaciones territoriales, y en el procedimiento, explicó Francisco Igea, no se ha detectado ninguna irregularidad. «Toda esa tramitación de momento está hecha de acuerdo a lo previsto en las normas, en el decreto 12/2012 de desconcentración de la administración y, hasta donde hemos podido comprobar, en este momento todo se ajusta a la norma. El hecho de que se tome esa decisión en los servicios territoriales se ajusta a esa norma», explicó el portavoz de la Junta.
Caso «todoterrenos»
Igea se refería a un decreto que dicta, en su artículo 19.2, que las delegaciones territoriales serán las competentes a la hora de proceder a «la enajenación de los bienes muebles de la Consejería adscritos al respectivo ámbito territorial». Añade, eso sí, que «el ejercicio de esta competencia requerirá la previa comunicación al titular de la Secretaría General», puesto que entonces ocupaba Carmen Ruiz.
Igea reiteró que, como ya anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández-Mañueco, si se encuentran visos «de actuaciones ilegales» el Gobierno autonómico se personaría en la causa «como acusación particular». En todo caso, señaló, se mantienen a la espera «de lo que diga la investigación judicial» y dispuestos a colaborar en lo que sea necesario.
El PSOE, mientras tanto, ha registrado la petición para conocer cuántos vehículos se han enajenado entre los años 2015 y 2020 por el mismo procedimiento, su antigüedad y a qué servicio pertenecían.Del mismo modo, los socialistas piden los certificados de baja definitiva de los vehículos o bien los certificados de destrucción. Y del mismo modo se pide que se aporten los documentos justificativos en los que se basó la decisión de enajenar estos vehículos.
En el inventario general de la Junta de Castilla y León figuran 2.688 vehículos «destinados a la prestación directa de servicios públicos a los ciudadanos en el territorio de Castilla y León: extinción de incendios, carreteras, servicios sociales, sanidad, protección civil, etc».
En noviembre de 2017, cuando se presentaron los todoterrenos que venían a sustituir a aquellos que se había decidido suprimir por considerarse que estaban obsoletos, JuanCarlos Suárez-Quiñones anunció que la flota de guardería forestal se reduciría de 884 a 752 vehículos. Con el plan de renovación se conseguía, dijo entonces, que el 72% de los todoterrenos tuvieran menos de diez años.
El Consejo de Gobierno aprobó una partida de 10 millones de euros para inversiones en las universidades públicas de Castilla y León, 4 de ellos para la Universidad de Salamanca y 3 para la de León. Del mismo modo, se financia la escolarización de estudiantes de 5º y 6º de Primaria y de ESOen los seminarios menores diocesanos, en virtud del concordato con la SantaSede. Son 1,78 millones de euros para 710 estudiantes en 11 centros.
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