La Junta introduce como requisito «preciso e ineludible» la rendición de cuentas para que una entidad local sea beneficiaria de una subvención

Así lo explicó hoy el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en su reunión en Palencia con el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, quienes analizaron las iniciativas adoptadas por la administración autonómica para mejorar la rendición de cuentas de las entidades locales ante los órganos de fiscalización.

Esta medida, que ya se encuentra vigente tanto en las líneas de ayudas ordinarias como extraordinarias destinadas a las entidades locales, ha tenido gran impacto en el grado de cumplimiento de esta obligación, lo que satisface notablemente la reclamación del Consejo de Cuentas de Castilla y León, y muestra la acción de la Junta de Castilla y León para mejorar la labor de fiscalización de las entidades locales y favorecer la transparencia de la gestión publica local y la utilización de los recursos públicos.

Recordó que las entidades locales y sus organismos autónomos, entes públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado, están sometidos a la fiscalización del Consejo de Cuentas que, como órgano autonómico de control externo de la Comunidad, ejerce su actuación sobre una estructura territorial que suma en sus nueve provincias un total de 2.248 municipios y 2.225 entidades locales menores.

De igual manera se mostró Amilivia, que recalcó la relevancia de la novedad introducida por la Consejería de la Presidencia en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar para el ejercicio 2021 por primera vez, como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias, la rendición de cuentas ante el órgano de control externo.

En términos generales, Castilla y León ofrece una mejor ratio en la rendición de cuentas de las entidades que conforman el sector público local que la media del conjunto nacional pero, sin embargo, es superada de forma significativa por aquellas comuni­dades que han ido incorporando en la última década cambios normativos para condicionar el pago de determinadas ayudas o subvenciones a la efectiva rendición de la cuenta general ante el órgano de control externo autonómico.

En este sentido, desde 2011 el Consejo de Cuentas venía planteando de forma sistemática la necesidad de que desde el ámbito autonómico se adopten reformas normativas en esa misma di­rección. Una posición que desde 2017 se encuentra además avalada por el pronuncia­miento unánime en una declaración conjunta de todas las instituciones de control externo de España.

Esta medida novedosa, que a criterio del Consejo «debiera hacerse extensiva a otras convocatorias de ayudas», ya ha inducido un impacto positivo, al haberse registrado un incremento de tres puntos porcentuales en la rendición de cuentas por los ayuntamientos de la Comunidad dentro del plazo legalmente establecido, a pesar de las dificultades generadas en el funcionamiento ordinario de las administraciones por la pandemia de la COVID-19. A fecha actual, la cuenta general de 2019 ya ha sido rendida por el 86% de los 2.248 municipios de Castilla y León, señaló Amilivia.

Aun así, puntualizó que, en 2020, se constató el mayor grado de aceptación de las recomendaciones del Consejo por parte de los entes fiscalizados, alcanzado en toda la serie histórica, y especialmente por la Junta de Castilla y León. «La consecuencia práctica de este mayor reconocimiento a la auctoritas del Consejo es, sin duda, la mejora en la gestión de los recursos públicos en beneficio del conjunto de los ciudadanos de esta Comunidad», aseveró.