La Junta insiste en una herramienta «ágil y segura» para ordenar confinamientos puntuales y estudia «otros cambios legales» para tomar estas decisiones

En este sentido, defendió que el Gobierno autonómico «no ejerza» su «responsabilidad». «Con herramienta o sin ella no dejaremos de hacerlo y tomaremos las medidas necesarias para evitar la propagación», deslizó Igea, quien aseguró que con esta petición la Junta «no pide al Gobierno saltarse la decisión judicial».

Como en las últimas semanas, el vicepresidente recordó que la solicitud de este mecanismo ya se ha traslado al Ejecutivo de Pedro Sánchez antes del fin del estado de alarma y en la Conferencia de Presidentes de La Rioja a finales de julio. «No podemos luchar contra la pandemia sin un mecanismo que nos permita tomar decisiones seguras, fiables y ágiles para impedir la propagación, basada en criterios de salud pública», incidió. También llamó al Gobierno a «ejercer el liderazgo en el diseño de esta figura».

Recordó que esta recomendación se ha lanzado también por parte de organizaciones de asociaciones médicas y científicas, porque «hace falta retomar el liderazgo» y tomar las herramientas necesarias. «Esto no puede convertirse en el juego del conductor 'gallina' y ver quien es el primero en dar un volantazo. Sobre la mesa están las vidas y la salud de miles de personas y la economía del país. Es necesario acuerdo, concierto y liderazgo. No puede anunciar cada comunidad una medida aislada y diferente de la otra», achacó.

Por ello, reiteró que una herramienta «legal e intermedia» para decretar órdenes de confinamiento «ágiles» permitirán «no pasar previamente por la autorización judicial de cada caso», si bien matizó que esto «no significa saltarse al juez». «Tenemos 296 zonas básicas de salud. No podemos dictar órdenes en cada caso y estar paralizados por el volumen de trabajo de las mismas. Entendemos que la Justicia es una garantía, es necesaria la supervisión judicial cuando limitas derechos y deberes, pero tenemos que entender que en este momento hay dos derechos en conflicto: la movilidad y la salud, y la ley tiene que dirimir cuando prevalece uno sobre el otro y en qué condiciones», destacó.

El vicepresidente realizó de nuevo esta crítica a la vista del «lento pero imparable» crecimiento de incidencia acumulada en Castilla y León y en España del COVID-19. Aún así, envió a los ciudadanos un «mensaje de tranquilidad» tras la celebración de un Consejo de Gobierno por videoconferencia este jueves y expuso que la Junta «analiza diariamente» la evolución de la infección para «tomar todas las decisiones que son necesarias para frenar su crecimiento y evitar una situación como la de marzo a mayo».

En este marco se decidió aislar las poblaciones Íscar, Pedrajas de San Esteban y Aranda, motivo por el que agradeció a la población y los alcaldes la colaboración y «buen ánimo» de estos días. «No podremos superar la situación sin el grado de colaboración mantenido hasta el momento», dijo.

Por otro lado, dio el visto bueno a la aplicación telefónica del Ministerio de Sanidad, reclamada por la Junta «durante meses». Igea informó de que hoy se ha recibido un correo del departamento de Salvador Illa en el que se pregunta a la Junta si desea utilizarla. «Sí queremos», espetó el vicepresidente, quien indicó que ahora se pondrá en marcha un procedimiento para interconectar los sistemas de ambas administraciones. No obstante, confió en que esta APP «sea única y nacional» si se pretende que «surta efecto, porque el virus no entiende de fronteras interiores».

Avanzó, igualmente, que la próxima semana se convocarán a varias reuniones a los alcaldes de las grandes ciudades de la comunidad y los CECOPI (centros de coordinación de emergencias en las provincias) para explicar la situación de incidencia en importantes y reiterar « el agradecimiento y la solicitud de ayuda».

También explicó que la Junta aumentará su capacidad de diagnóstico hasta alcanzar «los mismos niveles de mayo y junio», con 2.000 pruebas de PCR diarias, «para ayudar al excelente trabajo de los equipos de Atención Primaria». En estos momentos, la Comunidad cuenta con uno de los mayores niveles de rastreadores, por encima de las recomendaciones internacionales y del Ministerio. «Estos trabajadores hacen un trabajo impagable: médicos, enfermeras y equipos de salud pública de la Consejería que trabajan sin descanso para controlar los brotes», agradeció.

Por último, el Consejo de Gobierno también analizó las capacidades de contratación de personal y administrativo. «Las bolsas de empleo están prácticamente agotadas en las especialidades que nos son más necesarias. Se han formalizado más de 6.000 contratos y agotado las bolsas», concluyó.