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Jueves, 1 de junio 2023, 13:32
La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León acordó este jueves destinar 1.085.015 euros para las organizaciones sindicales para facilitar el ejercicio de sus funciones de defensa de los empleados públicos de la administración de la Comunidad Autónoma.
La ... cuantía destinada a ello, 1.085.015 euros, se distribuye entre las 15 centrales sindicales en función de la representatividad obtenida en los últimos procesos electorales y el reparto acordado para esta anualidad fue objeto de acuerdo unánime entre administración y representación sindical en la Comisión de Seguimiento del Pacto en reunión celebrada el pasado 4 de mayo.
De este modo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios recibirá 204.572 euros; la Unión General de los Trabajadores 200.080 euros; Comisiones Obreras 196.367 euros; la confederación sindical TISCyL-CESM 171.102 euros; Federación de Sindicatos de Sanidad y Educación 136.229 euros; la Confederación General del Trabajo 101.952 euros; la Federación de Sindicatos de Enseñanza 45.811 euros; el Sindicato Profesional de Técnicos Sanitarios 9.848 euros; la Unión Sindical Obrera 5.537 euros; Apprece 4.552 euros; el Sindicato Asambleario de Celadores 3.710 euros; el Sindicato Médico de Castilla y León 1.716 euros; SEPE-Manos Limpias 1.695 euros; el Sindicato de Administración y Servicios 997 euros, y, finalmente, GIS recibirá 847 euros.
Con estas ayudas, la Consejería de la Presidencia cumple con estas ayudas el compromiso asumido en el Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, suscrito el 30 de noviembre de 2012 y con plena vigencia en la actualidad, entre la Administración de la Comunidad y las organizaciones sindicales CSIF, UGT, CCOO y FSES.
Dicho Pacto recoge el compromiso de la Junta de Castilla y León de asumir la dotación de medios materiales o la financiación de los mismos para que las centrales sindicales con representación en el ámbito de la Administración autonómica puedan hacer frente a los compromisos económicos derivados de su actividad en defensa de los intereses de todos los empleados públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Con esta dotación económica se facilita el ejercicio de la actividad sindical, tanto en el ámbito de la administración general, como en los ámbitos sanitarios y docentes.
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