La Junta evitará 'guetos escolares' con el cierre de la matrícula de centros con alumnado en desventaja económica, social o cultural

En concreto el artículo 22, que lleva por título 'Imposibilidad de incrementar la segregación escolar', apunta que este tipo de centros que ya cuenta con un número elevado de población inmigrante, minorías étnicas o niños de familias con escasos recursos económicos no podrá ver incrementado un porcentaje «por encima del que determine» la consejería competente en materia de educación, a través de la escolarización excepcional o mediante cambios de centro realizados fuera del proceso ordinario.

El consejero de Educación, Fernando Rey, ya señaló en una entrevista publicada por la Agencia Ical en septiembre que Castilla y León contaba con una veintena de centros de Primaria e Infantil donde solo había alumnado de etnia gitana o inmigrantes y otros 80 que tenían un número muy elevado de minorías étnicas, donde los resultados académicos obtenidos eran pobres. «Los estudiantes a duras penas acaban Primaria, hay problemas de convivencia en algunos lugares y un abandono escolar temprano», reconocía.

Calculaba que esta situación afecta a unos 8.000 escolares que desde muy corta edad se les cierran las posibilidades laborales y de oportunidades de futuro, generando un problema social al Estado ya que se tendrán que cubrir sus necesidades durante buena parte de su vida.

Ante esta problemática, el consejero anunciaba la selección de un grupo de profesores que desearan estar en esos centros, expertos en el tratamiento de la diversidad de los colegios, innovadores en su especialidad, que quisieran desarrollar un trabajo y a los que se les iba a reconocer de una manera especial y se les dotaría de todos los métodos digitales posibles para que estuvieran a la vanguardia.

Rey también habló de la necesidad de favorecer a estos escolares de minorías étnicas para que pudieran realizar intercambios en el extranjero, salir de excursiones y trabajar con las familias. Por último, hizo hincapié en intentar distribuir a los estudiantes de minorías étnicas de forma equitativa para que esa mayoría no acabar en unos pocos colegios. «A partir de un porcentaje en el mismo centro intentaremos cerrar la matrícula para no formar un colegio segregado», aseveró en la entrevista.

Una idea que ahora queda plasmada en el nuevo proyecto de decreto porque la Junta reconoce en su texto que la anterior norma que regula la admisión de los alumnos ha sido «garantía eficaz» del derecho a la educación, al permitir el acceso a los centros docentes «en condiciones de igualdad», además de impulsar la libre elección del colegio. En todo caso, añade que los buenos resultados alcanzados «no deben ocultar que siempre existe un margen de mejora». De ahí este texto que persigue «nuevos objetivos» y «perfeccionar» los logros obtenidos. También aboga por buscar una «mayor eficiencia y eficacia» en el proceso de admisión, una reducción de las cargas administrativas y mejorar que faciliten la participación del alumnado y las familias. Todo se enmarca en el objetivo de «avanzar en igualdad y no discriminación».

El proyecto de decreto incide en la «distribución equilibrada» del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en los colegios e institutos, ya sea con la reserva obligatoria de un número determinado de plazas vacantes en todos los centros y el número máximo de este alumnado que puede escolarizarse en cada grupo o unidad. En ese sentido, se promoverá la escolarización de chicos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad física motórica o auditiva en centros ordinarios.

También busca evitar la segregación escolar. Recuerda, además, que uno de los principios generales del proceso de admisión es la cohesión social. De ahí que señale que la Consejería de Educación arbitrará las «medidas correctoras que sean necesarias» para evitar la segregación escolar del alumnado que tenga algún tipo de desventaja social, cultural o económica.

Otra de las novedades es que los tres procesos existentes en la actualidad (ordinario, extraordinario y excepcional) pasan a ser dos (ordinario y excepcional). De esta manera, la administración resolverá durante el proceso ordinario una parte importante de los supuestos que, hasta ahora, se derivaban al extraordinario. El objetivo último con esta medida es garantizar una posible adjudicación de las plazas «más rápida» a los interesados.

Además, se establece un nuevo procedimiento simplificado y de adjudicación de plazas automatizadas para las solicitudes de cambio de centro que tradicionalmente se tradicionalmente se realizaba en septiembre, como supuesto excepcional de admisión. Se mantienen los principios de que la admisión del alumnado no estará nunca condicionada al resultado de pruebas o exámenes ni se tendrá en cuenta el expediente académico. También se garantiza que el alumnado admitido en un centro docente sostenido con fondos públicos se mantendrá en el colegio hasta que finalice las enseñanzas obligatorias.