La Junta se estrena con un paquete de 470 millones que incluye la rebaja del IRPF y ayudas directas

Tras la primera reunión del Consejo de Gobierno de PP y Vox, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentó este documento «abierto» para incorporar nuevas iniciativas, que permitan adaptarse a la situación económica de cada momento y remarcó que ofrece medidas «coherentes» y «ambiciosas». Además, plantea una serie rebajas del IVA y un fondo al Gobierno, lo que tendría un impacto de 335,4 millones.

«Este es el primer día de trabajo del Gobierno, de este gobierno del que se están diciendo tantas cosas, en el primer día lo que hace es generar más derechos económicos y sociales para las personas de Castilla y León», defendió el presidente en una comparecencia junto al portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

En concreto, el tipo mínimo en el tramo autonómico del IRPF pasará del 9,5 por ciento al nueve por ciento, lo que dejará en el bolsillo de los contribuyentes 80 millones de euros en cuatro años. La modificación tributaria se hará mediante una ley cuya tramitación se iniciará en los «próximos días», con el objetivo de que llegue a las Cortes y se apruebe antes de que acabe el ejercicio, con efectos retroactivos para este año.

Como ejemplo, Fernández Carriedo aclaró que para un contribuyente con una cuota líquida de 12.450 euros anuales, esta rebaja supondrá 35 euros y 105 en el caso de autonomías con el gravamen más alto que el existente en la actualidad en Castilla y León (9,5 por ciento). Además, en el caso de las unidades familiares que hagan la declaración conjunta estas cifras serán 70 y 210 euros.

Con ello, el presidente de la Junta destacó que Castilla y León se convertirá, ya en 2023, en la segunda comunidad con el tipo mínimo del IRPF más reducido de las autonomías. Además, remarcó que se inicia así la mayor bajada de impuestos más importante d ella historia autonómica.

Además, de manera «urgente», la Junta quiere rebajar la fiscalidad del medio rural, con un ahorro de 15 millones, que beneficiará a 275.000 ciudadanos. Además, durante tres meses, se devolverán las tasas de titularidad autonómica al transporte de carreteras y de los servicios veterinarios, para beneficiar, según Mañueco, a los sectores especialmente afectados por la crisis.

La situación económica, dijo el presidente, estaba «decayendo» antes de la pandemia y añadió que en octubre y noviembre del pasado año ya los expertos económicos hablan del alza de los precios y de un crecimiento menor del esperado, así como de la ralentización de la creación de empleo. Por tanto, defendió que la situación se ha agravado pero que ya tenía unos antecedentes «complejos». Además, indicó que hay una situación «récord» de inflación, por lo que planteó que no haya «excusas» para una rebaja fiscal que incentive el ahorro y la inversión y para no dejar en la «estacada» a las familias y empresas.

En paralelo, la Junta apuesta, según Mañueco, por las ayudas a las familias más vulnerables, con un montante de 45 millones de euros. Así, se incrementará la financiación adicional a las corporaciones locales, que gestionan el apoyo a las unidades más vulnerables, para que cuenten con cuatro millones para las ayudas de emergencia.

También aludió a la creación del fondo de cohesión territorial de 20 millones para municipios, con el fin de aumentar las inversiones. Además, de forma «temporal», se incrementará un 15 por ciento la Renta Garantizada de Ciudadanía para quienes perciban esta prestación y se agilizará el pago del bono térmico a 83.000 beneficiarios, puesto que el presidente denunció la Junta adelanta los fondos, que recibe con retraso del Gobierno.

Igualmente, la Junta aumentará las ayudas para desplazamientos derivados de la asistencia sanitaria y se aumentarán las indemnizaciones por razón de servicio a los empleados públicos, porque según reconoció Fernández Mañueco hacía mucho tiempo que no se actualizaba, lo que ahora se hace necesario por el incremento del coste de los carburantes.

En materia de empleo, el plan contempla medidas por valor de 20 millones para actuaciones de formación y cualificación y la apuesta por la promoción y la contratación de menores de 30 años.

También habrá otras iniciativas de financiación empresarial, «de todo tipo», con préstamos «blandos» para las empresas que más van a sufrir la crisis por la guerra de Ucrania y se prorrogarán todos los avales que vencen ahora para que tengan «oxígeno» las propias empresas y se pondrá en marcha una línea especial de financiación para las estaciones de servicio, que están soportando -dijo- la subvención del precio del combustible. «Están actuando casi de entidad financiera», dijo Mañueco, porque no han recibido ya, según aseguró, los fondos del Gobierno de España.

Por otra parte, el paquete incorpora ayudas directas de diez millones, sobre todo, para la ganadería, que se suman a los 30 millones el Gobierno y la Unión Europea, por lo que multiplicará por cuatro esta partida para paliar el incremento de los costes. También, se incrementará la dotación de préstamos con garantías públicas para capital circulante, con el fin de alcanzar los 200.000 euros por titular, hasta alcanzar casi los 60 millones.

Además, se flexibilizarán las ayudas de la PAC y los abonos de los anticipos, con el objetivo de que el 16 de octubre se hayan abonado el 70 por ciento y en esa fecha se pagará también el 85 por ciento de las ayudas agroambientales. También, se aumentará la dotación de préstamos con garantías públicas para capital circulante, con el fin de alcanzar los 200.000 euros por titular. «Somos la Comunidad Autónoma que lo hacemos más rápido y mejor y así vamos a seguir», dijo el presidente.

En materia de transportes, Fernández Mañueco señaló que la Comunidad tiene reconocida por ley el pago del déficit tarifario en el ámbito interurbano. Así, la Junta abonará nueve millones ante el aumento de costes derivado del crecimiento de los precios de los carburantes.

Otros 60 millones se destinarán a empresas y familias para que puedan reducir su factura energética, impulsando el autoconsumo y para incentivar las energías renovables. Además, en materia de eficiencia energética, la Administración autonómica quiere impulsar esta vía para ahorrar un siete por ciento en electricidad y un dos por ciento en el gas.

En los contratos del sector público, la Junta aplicará el mecanismo de actualización automática de precios para que los contratos se puedan ejecutar, también los de las corporaciones locales, lo que supondrá 37 millones. Además, Fernández Mañueco reclamó al Gobierno que esa revisión de precios se extienda al resto de tipología de contratos y materiales.

Igualmente, el documento aprobado reclama al Gobierno actuaciones de reprogramación y refuerzo de los fondos europeos para facilitar su «agilización». Además, recoge otras peticiones ya planteadas, como que los remanentes de las ayudas empresariales que se dieron por la pandemia del COVID-19, que no se otorgaron por la «rigidez» de criterios, se utilicen para poder ayudar a los sectores más afectados.

Además, la Junta demanda un fondo extraordinario para la financiación de los servicios públicos para poder sufragar la atención de los refugiados ucranianos y un IVA superreducido para la electricidad y el gas, especialmente relevante, que beneficiará a las familias y a la competitividad de las empresas para que «puedan cuadrar cuentas».

La Junta, añadió, estaría dispuesta a asumir el impacto de la bajada de estos impuestos. «No es presentable recaudar más, ni recaudar de más, mientras personas, familias y empresas están sufriendo», dijo y concluyó, que los gobiernos tienen que «actuar» y poner «todo de su parte» para atajar la inflación, activar la economía y favorecer el mantenimiento y la creación de empleo.