La Junta espera que se abra juicio oral y se cumpla la ley en el caso de las eólicas

«Es la frase que más veces he dicho: la justicia es una garantía», manifestó cuando se le pidió una valoración en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de conocerse que Anticorrupción pide 42 años de prisión y 239 millones, como publica hoy El Norte de Castilla, para el exalto cargo de Economía Rafael Delgado, al que sitúa como cerebro de la trama eólica.

Igea reiteró que no peligra ni afecta al pacto entre PP y Cs porque en la causa que se sigue en dos juzgados de Valladolid no hay ningún alto cargo de la Junta que esté imputado, ya que tanto Rafael Delgado como Begoña Hernández, son exaltos cargos de la anterior cúpula de la Consejería de Economía y Empleo.

De la misma manera, se refirió al empresario minero Victorino Alonso, que recibió ayuda de la Junta y de otras administraciones para sus instalaciones en León, tras conocerse que tenía inversiones en paraísos fiscales mientras que se declaró insolvente. «Espero, y yo personalmente, que la justicia haga su trabajo y se actúe con severidad para quien incumple la ley», manifestó.

Igea censuró que el empresario se incautara de equipos de protección individual durante el coronavirus. «Es lo más repugnante que he visto en la pandemia», recriminó.