La Junta elimina 233 empleos en el ajuste de su entramado de empresas y fundaciones

La mayor parte de esos empleados que fueron despedidos cobraban sus nóminas de alguna de las múltiples empresas que desembocaron en la antigua Agencia de Desarrollo (Ade), hoy Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), o la extinta Sotur. El personal que sobrevivió al polémico Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de esta última empresa, centrada en la promoción turística, pasó a la Fundación Siglo de Castilla y León, que adquirió en el proceso los apellidos 'Para las Artes y el Turismo'.

Así lo refleja la fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades de la comunidad de Castilla y León como consecuencia de la reestructuración del sector público que ha efectuado el Consejo de Cuentas, en colaboración con el Tribunal de Cuentas estatal.

Un acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas se saldó en 2010 con el compromiso de meter en cintura el sector público estatal y también los autonómicos, surgidos en paralelo a los ministerios y las consejerías. Son organismos que se nutren de dinero público, pero funcionan en la práctica de manera mucho más flexible en su gestión diaria y a la hora de contratar personal que una consejería. Es lo que se conoce también como 'Administración B'. En esa reunión entre el Gobierno central y las autonomías se acuerda que cada comunidad apruebe en tres meses un Plan de Racionalización para programar esa reconversión. En Castilla y León no se aprobó esa planificación, según confirma el Consejo de Cuentas. La Junta ha acometido los cambios a través de las leyes de medidas que han acompañado a los presupuestos de todos estos años.

El proceso de reestructuración lo inicia el Gobierno de Juan Vicente Herrera antes incluso de ese acuerdo de 2010, con modificaciones que afectan a la ADE, ente de un complejo entramado de empresas y sociedades (Gesturcal, ADEuropa, Excal, ADE Parques...) que se fueron extinguiendo hasta dar lugar a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, que en 2017 se transformó en el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE). El cambio de nombre perseguía, entre otros objetivos, desvincular el trabajo del organismo de la marca 'Ade', lastrada por una gestión con casos muy polémicos bajo investigación judicial, como la compra de terrenos en Portillo o la del propio edificio que tiene como sede, la Perla Negra.

El proceso que ha llevado hasta el actual ICE es lo más parecido a esa imagen de las muñecas rusas que encajan unas en otras. Un ensamble forzado en la parte de las plantillas que dejó 150 bajas entre 2010 y 2016, de los que 90 corresponden a despidos propios de ese proceso y el resto a bajas por finalizaciones de contratos o jubilaciones. El montante anual en nóminas ha pasado de 15,9 millones de euros a 10,9.

Los auditores del Consejo de Cuentas concluyen que ese ajuste del sector público autonómico ha conllevado la reversión de funciones a la Administración solo en aspectos muy puntuales, en áreas como la acreditación sanitaria o la cooperación al desarrollo. Las labores con más enjundia, de economía y empleo, cultura y turismo, promoción urbanística o desarrollo agrario que desempeñaban empresas públicas que han 'desaparecido' «continúan gestionándose por las entidades resultantes de los procesos de fusión».

El resultado de esta reconversión es «un sector público más simplificado, pero que continúa desempeñando mayoritariamente las mismas funciones que tenía encomendadas al inicio de la reestructuración». Con menos plantilla y recibiendo menos dinero de las consejerías. 297,8 millones de euros en 2010 y 176,8 en 2015. Eso refleja el informe depositado la semana pasada, en las Cortes de Castilla y León.