La Junta devuelve el tributo de Garoña y abona a Nuclenor un millón en intereses

La aventura tributaria del impuesto con el que Castilla y León respondió a la decisión de Nuclenor (Iberdrola y Endesa) de cerrar Garoña le ha costado a las arcas autonómicas casi un millón de euros. Concretamente, 922.000 euros en números redondos, que es la cifra que suponen los intereses abonados por la Consejería de Economía y Hacienda a las eléctricas propietarias de la central nuclear, junto con los 27,99 millones de euros de recaudación del impuesto que gravaba el depósito de las barras de uranio que había en la instalación y que fue anulado por el Tribunal Constitucional a mediados de julio. La suma total es de 28,912 millones de euros.

Fuentes de la consejería que dirige Carlos Fernández Carriedo confirmaron la devolución de la recaudación y de los intereses de demora generados por esos 27,99 millones abonado por Nuclenor desde noviembre de 2018. El reingreso de esa cuantía por parte de la Junta fue casi automático. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la sentencia el 15 de agosto y la Dirección General de Tributos abonó todo el dinero a Nuclenor el 17 mediante la tramitación de un procedimientos de devolución de ingresos indebidos.

Al revés judicial se suma, esta vez, otro presupuestario. El que conlleva detraer de las arcas regionales casi 29 millones de euros con la covid-19 amontonando facturas y los ingresos resintiéndose por el retraimiento de la actividad económica.

Gravar el almacenamiento temporal de residuos de la central nuclear de Santa María de Garoña fue la última gran medida tributaria que tomó el gobierno de Juan Vicente Herrera y entró en vigor en noviembre de 2018 tras un encendido debate en las Cortes. El PP se quedó solo en su aprobación. La modificación del impuesto medioambiental que grava instalaciones de producción eléctrica llegó al trámite parlamentario con reparos de los letrados de la Junta y del Consejo Consultivo de Castilla y León, que alertaron de que podía incurrirse en una doble imposición puesto que había un tributo estatal que ya gravaba el almacenamiento del material radioactivo. A ello se sumó un informe del Gobierno central que advertía sobre la posible inconstitucionalidad de la medida autonómica.

El equipo de la entonces consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, planteó primero liquidar el año entero y no a partir de la aprobación y entrada en vigor. Los informes previos del director de los Servicios Jurídicos autonómicos y del Consejo Consultivo llamaron la atención sobre la inconstitucionalidad del efecto retroactivo. Se cambió. No se liquidó el año completo, sino la parte proporcional desde la entrada en vigor, que no llegó a dos meses.

Castilla y León gravó el «riesgo de alteración del medio ambiente provocado por el combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal en las centrales nucleares situadas en la comunidad». La Asesoría Jurídica y el Consultivo detectaron posible «doble imposición» y «solapamiento», al haber gravado el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 el depósito de residuos nucleares, además de apuntar la posible «fricción» con competencias estatales. El listado de reparos no terminó ahí. El Consejo Consultivo encontró, en una norma que es fiscal, dificultades para «determinar la cuota tributaria» y detectó falta de precisión en la configuración del tributo.

El dictamen concluía que el argumento de la Junta de que el impuesto pretendía disuadir del depósito de residuos radiactivos para forzar su traslado a un Almacén Temporal Centralizado (ATC) es «complicado de sostener» porque esta instalación no existía (el proyecto manchego de Villar de Cañas está bloqueado y eso «impediría influir en la conducta del obligado (el pagador)». Supondría más una «sanción» que un mero tributo.

El Consultivo echó en falta informes técnicos y que la Junta no diera en su día «audiencia» a la Administración estatal en las fases previas de elaboración de esta norma. Todo eso salió en el debate parlamentario en las Cortes que concluyó con la aprobación de la ley con el único voto favorable del PP, la abstención de Podemos y el no de PSOE, Cs, IU-Equo y UPL.

Castilla y León aplicaba una tarifa fiscal de 6.000 euros por cada varilla de óxido de uranio que albergaba la central del norte de Burgos. El proyecto de ley elaborado por la Junta fijaba 4.000, pero el PP aceptó una enmienda de Podemos que incrementaba la cuantía de 10 millones anuales a 15, además de otra más que intentaba amarrar el pago del impuesto en el caso de que Nuclenor acabara siendo una entidad insolvente, al hacer «responsables subsidiarios» del tributo a los accionistas con más de un 5% de representación en la sociedad.

Fueron los diez procuradores que la formación morada sentaba en las Cortes en la pasada legislatura el apoyo del PP para sacar adelante el tributo. Los populares necesitaban una abstención para hacer valer sus 42 escaños en un hemiciclo en el que había empate entre ellos y el resto de los grupos de la oposición y Podemos se abstuvo.

El Tribunal Constitucional, en sentencia firme, se alinea con los reparos advertidos al anular el tributo regional que ponía la diana en Garoña y ha acabado pagando la Junta.

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