La Junta 'cuelga' el protocolo para la atención de los ucranianos en servicios sociales, sanidad, educación y empleo

En el ámbito de la educación, el protocolo informa sobre la atención de los niños ucranianos en todas las etapas educativas no universitarias, la recepción de estudiantes universitarios y los cursos específicos de español para personas adultas.

En cuanto al empleo, se menciona el servicio de orientación profesional, la formación y cualificación para el empleo, el asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento y las acciones dirigidas a la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante.

Además, la Comunidad ha aumentado el número de plazas públicas, entre las disponibles por la Junta y las entidades locales, hasta 2.626 para la acogida de las personas procedentes de Ucrania. Son 133 más que las anunciadas la semana pasada. Además, se mantienen las 70 plazas de carácter privado, que corresponden a las ONGs y asociaciones. En total, son casi 2.700.

En concreto, la oferta pública se distribuye entre las 244 plazas de Ávila, las 408 de Burgos, las 441 de León, las 416 de Palencia, las 277 de Salamanca, las 315 de Segovia, las 209 de Soria, las 307 de Valladolid y las nueve de Zamora.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, por la vía formal, ya han llegado 85 ucranianos a Castilla y León. De momento, un total de 43 personas que han salido de ese país de Europa del Este, tras la invasión rusa, ha solicitado la tarjeta sanitaria de desplazados en los últimos días.

Fernández Carriedo reiteró, al igual que se planteó en la Conferencia de Presidentes del pasado fin de semana en La Palma, la necesidad de crear un fondo para financiar el impacto que en materia de servicios públicos tendrán las prestaciones para las personas desplazadas de Ucrania. No en vano, afirmó que la mayor parte de estos servicios va recaer en las comunidades autónomas, tanto de acogida como residencial, en los servicios sociales, el sistema de salud, la educación y el empleo. «Todo esto tendrá un coste, que aún no se ha cuantificado, y el Gobierno central debe pensar en constituir un mecanismo de financiación para la prestación de estos servicios», añadió.

Por último, señaló que el consejero en funciones de Presidencia, Ángel Ibáñez, ha participado hoy en una reunión de trabajo con todas las comunidades y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para abordar asuntos de coordinación relacionados con la crisis humanitaria en Ucrania.