La Junta creará un censo de víctimas de la Guerra Civil y estudia crear un banco de ADN

Esta es una de las principales novedades del 'Decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León' aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno para regular la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura además de las ayudas a las asociaciones para la recuperación de la memoria que antes de que termine el mes contarán con una Orden para una línea de ayudas por 100.000 euros.

Según ha detallado el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, este Decreto, que se inicia con la condena expresa de la dictadura franquista y de la represión, como se pidió desde algunos sectores que criticaron la falta del «apellido» franquista en esa condena, incluye también la realización de estudios para analizar la posibilidad de crear un Banco de ADN, una cuestión «complicada» ante la falta de homologación en los distintos organismos de la Comunidad y ante lo que se estudiarán «otras posibles opciones».

Desde el punto de vista del reconocimiento y la memoria, se recoge que se elaborará un mapa de fosas y que se apoyarán los actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas.

Otras de las novedades que incluye el Decreto hace referencia a la «educación en la verdad» que han reclamado las asociaciones para lo que en los contenidos dirigidos a alumnos de la ESO y de Bachillerato se incluirán los destinados a conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, con el ejemplo de las unidades didácticas que se han elaborado ya para divulgar el Diálogo Social.

Según ha reconocido una vez más el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, «no se puede permitir que un país democrático como España no haya sabido cerrar un capítulo de su historia de hace ya 80 años», en el caso de la Guerra Civil, a lo que ha sumado el hecho de que todavía permanecen muertos en las cunetas.

«Algo hemos hecho mal todos», ha admitido De Santiago-Juárez que, a preguntas de los periodistas, ha aclarado también que el Gobierno de Castilla y León no trata de cubrir ningún hueco a nivel estatal.

«La Junta hace lo que cree que debe hacer«, ha sentenciado quien ha explicado que el Decreto cuenta con el apoyo del 99 por ciento de las asociaciones de víctimas de Castilla y León que han entendido que con esta norma y el paraguas de la Ley estatal se »avanza bastante« en todo lo relacionado con la recuperación de la memoria histórica, como comprometió a principios de esta Legislatura cuando, según ha recordado, recogió el guante lanzado por el procurador socialista Álvaro Lora.

Este Decreto regula el procedimiento de autorización de exhumaciones en función del procedimiento regulado en la normativa estatal e incluye las peculiaridades de Castilla y León para lo que un Consejo Técnico de carácter autonómico autorizará las actuaciones y será, además, el que compruebe que el proyecto presentado concuerda con lo que exige la norma del Estado.

«Su decisión será vinculante para los ayuntamientos», ha advertido el vicepresidente de la Junta que ha detallado que este Consejo Técnico estará formado por un representante de la consejería competente en materia de memoria histórica; tres técnicos de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, designado por su titular entre archiveros, arquitectos y arqueólogos; dos representantes de las asociaciones memorialistas y dos representantes de la FRMP.

Además, el Decreto aprobado este jueves recoge la creación de un Consejo Asesor como órgano colegiado de carácter consultivo con funciones de propuesta, conocimiento y asesoramiento.

Este Consejo estará compuesto por el titular de la consejería competente en la materia; una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la representación de los intereses sociales, culturales o humanísticos, elegido por los restantes vocales por mayoría de dos tercios, que será el presidente del Consejo; un representante de las consejerías competentes en materia de memoria histórica y de patrimonio cultural; dos representantes de la FRMP; dos representantes de las Cortes y cuatro profesionales y académicos en los campos de la arqueología, la medicina forense, la historia contemporánea y el derecho, designados por las Universidades Públicas.

Además, se ha admitido la sugerencia del Consejo Consultivo para ampliar a cinco la representación de las asociaciones junto a un representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas.

Por último, ha recordado a los grupos parlamentarios que pueden proponer una proposición de ley sobre esta materia «cuando quieran» para defender la opción del Decreto que ha elegido la Junta.