La Junta corrige el tiempo máximo de 30 minutos para el acceso a los servicios rurales que será más flexible

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que dirige el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, prevé introducir esa corrección al texto inicial que en este momento se encuentra a información pública, de manera que así se aprobará por el Consejo de Gobierno, entorno al mes de junio. También, cambiará que no sea solo un municipio el que concentre los servicios, sino que a uno se pueda acudir al centro de salud y a otro al educativo.

Para recoger ese cambio en la norma inicial se ha tomado como referencia el tiempo que tardan las ambulancias, las opiniones de las consejerías y las peculiaridades del territorio ya que no es igual media hora en carreteras de Tierra de Campos que en núcleos de montaña, explicó el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, en declaraciones a la Agencia Ical, antes de la celebración del Consejo de Alcaldes del PSOE.

Así, recoge también algunas de las alegaciones presentadas a la norma durante su exposición pública en el Portal del Gobierno Abierto de la Junta. Entre las propuestas registradas, que será favorable, se encuentra la del Colegio de Geógrafos, que celebra el «interés» en fortalecer los núcleos rurales pero pide que se garantice la igualdad de servicios en toda la Comunidad.

Según estos expertos, el límite máximo de 30 minutos de tiempo recorrido por carretera entre el municipio prestador de los servicios y las localidades del área funcional «se antoja excesivo», porque en «algunos casos ese límite puede suponer hasta 60 kilómetros de distancia entre ambos núcleos».

Antonio Calonge explica que está «anotado» no solo lo recogido en esa alegación, sino también la opinión interna de las consejerías, y avanza que será flexibilizado conforme a las peculiaridades del territorio. Sin embargo, una vez aceptado el cambio, se trata de «ver como se recoge negro sobre blanco», explica el director general, que garantiza que el texto se aprobará por el Consejo de Gobierno con dicha modificación.

Se trata de fomentar la constitución de mancomunidades de interés general, justifica Calonge en relación a la reforma de la ley marco aprobada en septiembre de 2013 con el consenso de PP y PSOE, aunque su acuerdo no se mantuvo y el último paso de la ordenación, como era la aprobación de los mapas rurales, quedó pendiente al cerrarse la legislatura.

El nuevo Gobierno de coalición dejó la competencia de ordenación en la consejería asignada a Francisco Igea (Cs), que ha decido modificar esta ley, donde recoge no sólo el cambio de la mayoría cualificada por mayoría simple -elemento que bloqueó la aprobación de los mapas rurales-, sino la isocrona de tiempo máximo y una disposición adicional para que los municipios se puedan mancomunar sin esperar a los mapas.

«El modelo es el mismo acordado por el PP y el PSOE en 2013», asegura Calonge ante la critica de la oposición socialista a los cambios planteados ahora, con los que remarca que se quiere flexibilizar la norma y hacerla también más participativa. «No queremos tirar nosotros líneas de las áreas funcionales desde aquí, sino que las den los que están en el municipio», sostiene.

Antonio Calonge censura los calificativos vertidos por la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, que tildó este texto de «técnicamente lamentable y políticamente la llave para cerrar servicios públicos», y espera un «documento de propuestas» por parte del Consejo de Alcaldes del PSOE de Castilla y León.

En tal sentido, afirma que se envió el borrador al PSCyL y se invitó a sus máximos dirigentes a reunirse con la Consejería, pero lamenta que no se haya recogido su propuesta y que sólo hubiera descalificaciones un anteproyecto que mantiene el modelo que acordó con el PP. «Esperamos una lluvia de propuestas e ideas», apostilla en relación a la posición que marque la dirección autonómica socialista con sus alcaldes.

Por último, avanza que trabajan ya en la cartera de servicios públicos de las mancomunidades de interés general rurales para tener adelantado este trabajo una vez aprobada la ley y éstas se puedan constituir.