El portavoz del gobiern ode la Junta, Carriedo, en rueda de prensa.

La Junta constata una «degradación» de la situación económica pero mantiene su previsión de crecimiento para 2023

Fernández Carriedo cree que pueden ser «más optimistas» con la evolución el próximo año del campo y la industria

ical

Jueves, 20 de octubre 2022, 15:51

La Junta de Castilla y León admite que se producirá una «degradación» y el «deterioro» de la situación económica y del empleo el próximo año, pero mantiene su previsión de crecimiento en el 1,6 por ciento, una estimación que figura en el cuadro macroeconómico ... del límite de gasto no financiero y que defendió el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien consideró que se podrá alcanzar en 2023.

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En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el titular de Hacienda aseguró que no le quitan importancia a las «circunstancias» que atravesará el país y la Comunidad en los «próximos tiempos» y añadió que la previsión de crecimiento apunta a una «reducción muy importante», porque supondrá un avance de «menos de la mitad» del contemplado para 2022. Esto, añadió, lleva implícito el reconocimiento de un «deterioro muy importante».

Recuperación tras la pandemia

No obstante, el consejero de Economía y Hacienda confió en que se pueda registrar un crecimiento del 1,6 por ciento el próximo año, si bien el servicio de estudios del BBVA ha revisado a la baja el avance del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León en 2023, hasta dejarlo en el 0,5 por ciento, seis décimas menos que la anterior estimación.

Al respecto, el portavoz del Ejecutivo admitió que está «sujeta a muchas indefiniciones» la previsión que maneja el Gobierno autonómico y que servirá de base para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2023, que podría aprobarse por el Consejo de Gobierno a finales de la próxima semana, de acuerdo al cálculo del Ejecutivo de PP y Vox.

«No es seguro el contexto del próximo ejercicio», dijo Fernández Carriedo, quien añadió que Castilla y León se situará entre las comunidades que primero recuperarán el nivel económico previo a la pandemia del COVID-19. «Creemos que lo podemos conseguir este año», apostilló. Además, indicó que la caída de la confianza empresarial en la Comunidad responde a que los empresarios de Castilla y León son «muy realistas» sobre la situación económica en los próximos trimestres, ya que indicó las «expectativas no son buenas».

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También, aclaró que este año ha sido «particularmente negativo» en algunos factores, que confió no se produzcan en el futuro, tanto en el sector agrario, con una cosecha «muy negativa»; en el ganadero, que ha sufrido a su juicio «circunstancias peores», y en el industrial, que indicó ha atravesado «serias dificultades» por la ausencia de materias primas y semiconductores, el elevado coste de la energía y los problemas de algunas empresas de la Comunidad.

Esto, insistió el consejero portavoz, no tendría por qué repetirse en el próximo ejercicio, por lo que argumentó que algunos elementos, vinculados al sector agrario e industrial, les permiten ser «más optimistas» que en el presente año.

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Diálogo y acuerdo

Por otra parte, el titular de Hacienda, que no quiso fijar la fecha en la que verán la luz las primeras cuentas de la coalición de PP y Vox en la Comunidad, destacó el «clima» el «diálogo», el «trabajo» y el «acuerdo» existente entre los dos socios, que remarcó siguen con la elaboración de los presupuestos para incorporar algunas cuestiones nuevas, que como el Real Decreto Ley de ayer les obligan a «ajustar» y «adaptar» las partidas.

Al respecto, el consejero enmarcó las ayudas anunciadas por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en las convocatorias que «periódicamente» lleva al Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y las desvinculó de las cuentas, porque remarcó en este escenario este departamento, en manos de Vox, refuerza algunas líneas.

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Sus palabras responden al comunicado de este departamento que ayer avanzó que al finalizar este ejercicio se habrá destinado a políticas activas de empleo «el mayor presupuesto de la historia», más de 272,5 millones de euros, una cuantía que supone un incremento del 18 por ciento con respecto a la de 2021.

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