La Junta cifra en 5.000 millones los fondos europeos que llegarán a la comunidad

Durante su participación en la sesión de audiencias activas del CES con la ponencia 'Castilla y León ante la oportunidad de los nuevos fondos europeos', Carriedo señaló que el Ejecutivo autonómico se marca dos objetivos con el dinero procedente de la Unión Europea como conocer la cuantificación de los fondos y que permitan la transformación de la Comunidad y, muy especialmente, la lucha contra el reto demográfico y el desarrollo rural.

En este sentido, demandó que el criterio de la población sea un criterio «fundamental» para la distribución de ese dinero. «Deben llegar los fondos que, en cantidad, que nos deben corresponder por los criterios que presenta Castilla y León», aseveró.

Preguntado por los plazos para conocer la cuantía de los fondos que llegarán a Castilla y León, Fernández Carriedo señaló que el Gobierno central ha facilitado «algunas» cifras en las conferencia sectoriales. Cantidades con las que ya trabaja la Junta, de cara a la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2022. En este sentido, subrayó que los plazos marcados son «excesivamente» cortos y, por desgracia, el tiempo que se reserva para decidir el destino de los fondos «se come», una parte, del periodo de gestión. No en vano, precisó que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), que es la que acapara la mayor parte de los fondos europeos, tienen que estar comprometidos a 31 de diciembre de 2023 para disponer, luego, tres años para el pago y la justificación. «Ya casi hemos consumido una cuarta parte de ese periodo sin que hayamos sido capaces de que el Gobierno haya definido las convocatorias», significó.

En presencia del presidente del CES, Enrique Cabero, reiteró la queja de que los fondos procedentes del Gobierno de España vienen «excesivamente encorsetados» con motivos «ideológicos», lo que impide que las comunidades puedan realizar pocas aportaciones. Y es que aseguró, según recogió la Agencia Ical, que ese dinero es una «oportunidad» para la modernización y la transformación que la Junta quiere aprovechar desde el diálogo. De ahí que destacara que Castilla y León es el primer gobierno autonómico que fomenta más participación con representación política a través de un grupo de trabajo para analizar los fondos y realizar un seguimiento del reparto y la gestión de los fondos europeos de reconstrucción tras el COVID-19.

Así, tras la firma en junio de 2020 del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, suscrito por el Gobierno de la Comunidad y la mayoría de fuerzas políticas con representación parlamentaria en las Cortes, en septiembre se creó la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea con el objetivo de optimizar la coordinación en la gestión de los fondos europeos.

Además, la Junta elaboró el documento de 'Iniciativas de recuperación y resiliencia en Castilla y León' y remitió al Gobierno de España una Biblioteca de Proyectos que hasta el momento recoge 458 proyectos por importe de 6.845 millones de euros. Asimismo, con el fin de establecer un foro estable de información y participación respecto a los principales hitos y objetivos estratégicos en aplicación de los fondos europeos EU, se han constituido tres mesas sectoriales específicas: empresarial, científico-tecnológica y de coordinación con las corporaciones locales. «Estos fondos van a ser más útiles cuanta más gente los conozcan y cuántas más empresas los aprovechen», manifestó.