La Junta cierra partidas de gasto y obras para intentar cumplir el límite de déficit

El cierre paulatino del presupuesto es algo habitual a medida que se aproxima diciembre, pero este año se ha adelantado desde hace semanas en determinadas áreas: las obras que estaban sin licitar, las subvenciones sin convocar y partidas de gasto corriente para las que se pospone el pago hasta que se abra el próximo ejercicio presupuestario. Eso será en 2019, año que empezará con una prórroga con limitaciones de gasto al no haber cuentas aprobadas y proseguirá con un relevo en la Junta gane quien gane las elecciones de mayo.

«No se va a hacer ningún gasto nuevo en dos capítulos, pero todo lo que estaba comprometido se va a seguir pagando y ningún proveedor se va a quedar sin cobrar», manifestó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, sobre la situación actual de presupuesto. La responsable de gestionar las cuentas autonómicas reconoció contratiempos en las partidas de ingresos, en los que fundamentó la decisión de «ajustar» los gastos. El primero, según la consejera, «un nuevo recorte» del Ministerio de Hacienda en la liquidación definitiva de los ingresos de 2016 que corresponden a la comunidad, con la recaudación real, de tributos como IRPF o IVA. El último traspiés presupuestario lo ha provocado el Tribunal Supremo con la incertidumbre generada sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas. Semanas sin recaudar por la paralización de firmas. Son las comunidades autónomas las que gestionan ese tributo, muy ligado a las operaciones de compraventa de viviendas. En el caso de Castilla y León, la previsión de ingresos para este año asciende a 100 millones de euros.

La operación de cierre presupuestario excluye tradicionalmente las nóminas del personal, incluidas las de los profesores de los centros concertados; los gastos sanitarios y los que atienden la deuda: el pago de intereses y las amortizaciones. El Gobierno autonómico fija en una orden el calendario de cierre de operaciones, desde los pagos a justificar (30 de noviembre) a los anticipos de caja (15 de diciembre), la tramitación de facturas o de expedientes de peso que necesitan el informe de la Intervención General y requieren la aprobación del Consejo de Gobierno (16 de noviembre), las modificaciones de crédito que pasan dinero de unas partidas a otras (23 de noviembre) o la forma de imputar al ejercicio de 2019 «obligaciones de años anteriores».

Pilar del Olmo firmó esa orden el 8 de octubre, se publicó el 11 en el Boletín Oficial de Castilla y León y entró en vigor el día 12 de ese mes, fijando ese calendario oficial de cierre, adelantado extraoficialmente varias semanas para partidas de gasto de obras sin licitar y subvenciones que aún no se habían tramitado.

Hasta ahí reconocen desde la Junta el «ajuste» , extendido por esa sequía temporal de ingresos de AJD a nuevos gastos hasta el 5 de diciembre. La oposición extiende el cierre del grifo presupuestario a gastos más ordinarios que afectan a proveedores. «Si se aplicaran las fechas de la orden de cierre sería lo normal, pero la realidad es una situación de un presupuesto absolutamente intervenido por la consejera de Economía y Hacienda», critica José Francisco Martín, procurador y experto parlamentario del PSOE en el área de Hacienda. Martín explica que hay una clausura 'de facto' en la tramitación de facturas. «El programa informático no permite incorporarlas», precisa.

«Los documentos contables están cerrados, por lo que es mentira que se pueda pagar en plazo a esos proveedores», remarca José Sarrión, procurador de IU-Equo y portavoz del grupo mixto en las Cortes, quien incide en que el cierre presupuestario no afecta solamente a nuevos gastos, sino a desembolsos ya comprometidos de compras o servicios que están llegado a los departamentos de la Junta –pone el ejemplo de los cursos FOD de formación de desempleados– y que no han generado factura. Vaticina que estos no cobrarán hasta marzo.

«Todo lo que está comprometido se va a seguir pagando. Ningún proveedor se va a quedar sin cobrar sus facturas. Que tengan la garantía de que va a seguir cobrando en los plazos que paga la Junta de Castilla y León, que son mejores que los del resto de España», rebate la consejera de Economía. «Que estén tranquilísimos», concluye Pilar del Olmo.