La Junta busca aportaciones a la futura ley de Diálogo Civil y Participación Ciudadana

“Se trata de algo en lo que el equipo de la Consejería de la Presidencia viene trabajando mucho tiempo y que debía ser conocido primero por los que iban a estar afectados directamente y positivamente, y que intervienen de alguna manera en los consejos de participación, que a lo largo de su historia ha ido creando la Junta. Así, podemos consultar y resolver aportaciones y dudas que ellos estimen conveniente”, expuso.

En este sentido, recordó que Castilla y León siempre tuvo “una buena predisposición” a crear órganos de participación de la sociedad civil “organizada democráticamente hablando”, y a lo largo de la vida del Ejecutivo autonómico cifró “en más de 90” las iniciativas de este tipo. Así, según apuntó, en la pasada legislatura se hizo “un estrechamiento de ellos” para lograr que no solo puedan intervenir al final de un proceso cuando un programa, ley, plan, estrategia o proyecto ya esté elaborado”.

“Se trata ahora de que sociedad civil pueda participar desde los inicios en cuanto a elaboración, aprobación, evaluación y seguimiento, y lo que es novedad, que estas organizaciones tengan la posibilidad de iniciar ellos mismos el proceso”, puntualizó.

En ese sentido, comentó alguna novedad, como se recoge en el Estatuto de Autonomía, que los ciudadanos puedan presentar un decreto ante la Junta, como ahora existe con la Iniciativa Legislatura Popular (ILP) que se presenta en las Cortes avalada por algo menos de 20.000 firmas. En este caso, afirmó que sería una Iniciativa Normativa Ciudadana que tendría que cumplir unos requisitos en su elaboración y presentación.

Otra de las novedades se refiere a la posibilidad de convocar una consulta popular, pero el vicepresidente aclaró, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, que no serán refrendos, es decir abiertas a todos los ciudadanos, sino que podrá afectar a un colectivo determinado que formará parte de los órganos de participación. “Se aleja la consulta de un referéndum, será para casos no refrendados”, precisó.

Así, una vez aprobada la ley, se podrán celebrar consultar para determinados asuntos, con más matices que el “sí o no” de un referéndum, que será telemática y “más enriquecedora”, concretó el vicepresidente de la Junta, pero siempre suscrita a un determinado colectivo organizado en. “Todos ellos podrán participar sin que nadie se quede fuera y lo que se proponga irá al Consejo de Gobierno y se va a contestar”, tal y como señaló De Santiago-Juárez. Asimismo, confió en que este texto se presente “en muy pocas semanas” al Gobierno autonómico y en las Cortes y que, tras su debate, pueda ver la luz antes de marzo de 2019, que será cuando se disuelva la Cámara por la convocatoria de las próximas elecciones.

De Santiago-Juárez se refirió finalmente al “miedo que había” por el hecho de que el diálogo civil pudiera ocupar el campo del diálogo social. “No ocurre para nada y está perfectamente delimitado, siguiendo los criterios de un informe del Consejo Económico y Social (CES) europeo y nacional, ya que hay un deseo de impulsar de forma clara el diálogo civil en todas las instituciones, pero, según añadía este documento, sin menoscabo del diálogo social”, apuntó.

Y en este sentido, precisó que es lo que se ha hecho desde la Junta. “Se trata de seguir las directrices de muchas instituciones en la UE para que exista una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno, y creo que la ampliación de este espacio para la sociedad civil es muy bueno, estrechando para ello el espacio de la política”, concluyó.