La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León obtiene la acreditación para intervenir en el ámbito europeo

La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León, órgano administrativo adscrito a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda, obtuvo la acreditación ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) para ser entidad de resolución alternativa de conflictos.

El organismo autónomo vinculado al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ntificó esta resolución a la Comisión Europea (CE), que incluyó el servicio de la Junta en la plataforma europea habilitada para dirimir litigios entre consumidores y empresas derivados de la compra o contratación de productos y servicios a través de Internet.

La acreditación de la Junta Arbitral de Castilla y León como entidad de resolución alternativa de conflictos por parte de Aecosan y la notificación de este hecho ante la CE supone la homologación europea del órgano autonómico, de manera que cuenta con el reconocimiento necesario para intervenir en controversias de consumo suscitadas en el ámbito comunitario.

En concreto, esta credencial está pensada para discrepancias relacionadas con la adquisición de productos y servicios a través de Internet. La Comisión Europea creó una plataforma de resolución de litigios 'on-line' para que consumidores y empresas establecidos en la UE o en Noruega, Islandia y Liechtenstein puedan resolverlos sin necesidad de acudir a los tribunales.

La página web www.ec.europa.eu/consumers/odr puede utilizarse para plantear una reclamación ante cualquiera de los organismos de resolución de litigios reconocidos por la CE, listado en el que se incluye la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León. En esta plataforma, el consumidor tiene a su disposición un formulario que debe rellenar para tramitar la queja.

La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León fue constituida el 19 de abril de 1994 mediante acuerdo entre el Instituto Nacional de Consumo y la Consejería de Fomento, que entonces tenía las competencias en esta materia. En la actualidad, está adscrito a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda y de su gestión se encargan funcionarios del Servicio de Atención Integral de Consumo.

El órgano autonómico admitió para su tramitación 1.316 solicitudes de intermediación en el último ejercicio cerrado, 2017, de las que 19 fueron derivadas a otro ente de decisión con competencias para dictar resolución y en 33 se produjo desistimiento de la queja por parte del consumidor.

De esta forma, la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León llegó a gestionar 1.264 litigios el pasado año. De esta cifra, 459 fueron archivados –principalmente, porque alguna de las partes no aceptó este sistema– y 805 requirieron un acto de mediación o un pronunciamiento mediante un laudo.

En concreto, a través de la primera fórmula, se puso fin a 212 conflictos, mientras para zanjar los 593 restantes fue necesaria la intervención arbitral. En el 71,8 por ciento de los casos, el laudo fue estimatorio total o parcialmente para el reclamante (426 casos), en el 26,5 por ciento se denegaron sus pretensiones (157 expedientes) y en el 1,7 por ciento (10 procedimientos) la solución adoptada fue conciliatoria para ambos pleiteantes.

El arbitraje de consumo es un sistema de resolución de conflictos cada vez más aceptado no solo entre los propios consumidores, sino también entre los profesionales del sector servicios. En 2017, el censo de empresas adheridas al órgano autonómico se incrementó con 24 nuevas altas y alcanzó la cifra de 3.077, a lo que hay que añadir 36 asociaciones empresariales y 14 de consumidores y usuarios.

El Portal de Consumo de Castilla y León, renovado este mismo año por la Consejería de Economía y Hacienda, permite a los ciudadanos presentar sus solicitudes de arbitraje por vía telemática de una forma «más ágil y sencilla». Pueden hacerlo a través de la página web www.consumo.jcyl.es , solo es preciso que dispongan de certificado electrónico.