La Junta apuesta por digitalizar los procesos, impulsar la conservación preventiva, la innovación y el impacto social con la nueva Ley de Patrimonio

La ley vigente data de 2002 y emana «de una forma muy directa» de la normativa estatal de 1985, y ahora la Administración autonómica se enfrenta al reto de «adaptarla a los tiempos actuales», según explica a Ical el director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno. «En la anterior legislatura hubo un anteproyecto que quedó muy cerca de la aprobación pero finalmente no vio la luz y hemos decidido como primera medida impulsar esa actualización de la legislación. Esa propuesta previa en general era correcta, pero es preciso introducir ciertos matices en el anteproyecto«, recalca.

Para él, es «clave» impulsar la transformación digital de los procesos de la cadena de valor del patrimonio, ya que ello permitirá «asegurar la protección y la puesta en valor», además de «generar un conocimiento añadido» y «potenciar la divulgación del patrimonio». Para lograrlo, buscarán implicar a todos los actores del sector: los titulares de los bienes, las empresas, las administraciones o las universidades. «Se trata de fomentar un ecosistema digital relacionado con el patrimonio, donde la Junta sea el elemento tractor, pero sin eclipsar y sin sustituir al resto», detalla.

En cuanto a la conservación preventiva, recalca que «es un modelo que hay que insertar en la legislación» por el cual apostarán en la actual legislatura. Para lograrlo, darán prioridad a cuestiones como los planes de mantenimiento, la formación a los técnicos y a los titulares de los bienes, el desarrollo de protocolos y sistemas de control, la monitorización de los bienes patrimoniales y la implicación de la ciudadanía en general, con actuaciones coordinadas de todas las administraciones.

«Lo importante es ir cambiando progresivamente el modelo, no ir corriendo detrás de la ruina sino anticiparse a ella, y hacer una gestión como se haría en cualquier elemento que no sea patrimonial. Un edificio o una industria cuentan con planes de mantenimiento que garantizan su funcionamiento, y nosotros tenemos una industria muy potente y relevante en el contexto internacional, que es el patrimonio, y tenemos que cambiar el modelo, de la restauración a la conservación». «A medida que vayamos implementando los modelos de conservación tendremos menos urgencias de ruina. Esa es la idea», completa.

Y respecto al impulso de las innovaciones tecnológicas, asegura que para el establecimiento de un ecosistema digital es preciso trabajar en equipo con agentes como la Fundación Santa María la Real, Cartif o las universidades, entre otros, ya que «cada uno aporta especializaciones distintas». «Hay centros que están más especializados en la visión artificial y el 3D, otros en la monitorización, otros en la innovación en materiales para la restauración, otros en la gestión... No podemos prescindir de ninguno de los actores clave en Castilla y León que están especializados en el patrimonio. Al contrario, lo que tenemos que procurar es asumir todos esos desarrollos que han generado, aplicarlos a la gestión del patrimonio y fomentar que ese espíritu innovador continúe avanzando, porque al final todo eso se traduce puestos de trabajo cualificados en la región, son tecnologías que pueden exportarse a otros territorios, conocimiento que puede salir y revertir en una mayor economía especializada en Castilla y León», resaltó.

El pasado 13 de marzo el Grupo Parlamentario Popular rechazó una PNL del PSOE (que sí apoyaron desde Ciudadanos), que buscaba garantizar que se destine el uno por ciento del Presupuesto General de la Comunidad para la conservación y promoción del patrimonio histórico. Los 'populares' propusieron entonces un incremento presupuestario progresivo para ese fin, que fuera ligado al escenario económico del momento. Cuestionado sobre si la nueva normativa regulará la obligatoriedad de esa ejecución del 1% Cultural, Bueno reconoce que es algo que están «estudiando» en estos momentos y que se trata de «uno de los elementos de análisis más importantes» a los que se enfrentan en la elaboración de la normativa. «Hay que atraer más recursos para la gestión del patrimonio, y tenemos que ver cuál es la forma más razonable para lograrlo», expone.

Ante la ausencia de una Ley de Mecenazgo nacional, desde la Junta intentarán «potenciar la colaboración público-privada» y «facilitar el acercamiento de las empresas privadas y organizaciones no gubernamentales a la gestión del patrimonio». Según explica, PP y Cs están de acuerdo en la «necesidad de hacer una mayor inversión en la cultura, en el patrimonio especialmente», ya que «es uno de los motores de la economía de Castilla y León».

«Está claro que las coyunturas económicas afectan directamente a la cultura, que suele ser la primera sacrificada, pero está demostrado que la cultura es un factor de dinamización muy relevante, y yo creo que escatimar en la inversión en cultura y patrimonio es un error. Eso lo vamos aprendiendo con las distintas crisis que hemos ido atravesando», argumenta.

El director general de Patrimonio Cultural subraya que la nueva normativa forma parte también de la estrategia de la Consejería de Cultura y Turismo de apostar por la dinamización del medio rural, donde el patrimonio está además «sometido a riesgos más grandes» debido a la evolución demográfica y a la dispersión poblacional, circunstancias que exponen los bienes a «riesgos de pérdida o de daño que pueden derivar tanto de las acciones humanas como naturales». «El patrimonio en general en Castilla y León está bien conservado, pero los riesgos que afronta siempre son más evidentes para el patrimonio rural», sentencia.

Cuestionado sobre los plazos estimados para que pueda iniciarse la tramitación parlamentaria de la Ley, Bueno señala que «como mínimo» tardará entre uno y dos años, ya que hay una serie de formalidades preestablecidas, como son los procesos de participación social y exposición pública, o el requerimiento de informes a otras áreas de la Junta. «Vamos a intentar acelerar todo lo posible, porque afortunadamente contamos con un anteproyecto que ya estaba elaborado y las modificaciones que pretendemos introducir no son tan complejas», concluye.