La Junta aprueba un proyecto de ley para incentivar la natalidad, reducir la brecha de género y fijar población rural

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha afirmado respecto de esta norma que «es el germen de un futuro sistema nacional de conciliación», y que el gobierno de Castilla y León es el primero de España en aprobar una norma para avanzar en «dos grandes retos: la conciliación y la corresponsabilidad y la eliminación de la brecha salarial de género». El fin último de esta ley, que está presupuestada en 121,5 de euros anuales (de los cuales este año dispondrá de 6, aclaró Alicia García) es que «las medidas tengan impacto en la natalidad y luchar contra la despoblación, con prioridad en el medio rural».

Entre las medidas que contempla están el impulso a la creación de centros infantiles de 0 a 3 años, nuevas formas de cuidado de personas (la teleasistencia avanzada), además del acceso prioritario y atención personas y familias que residen en el medio rural.

El texto del anteproyecto de ley prevé 86 acciones, 51 de ellas de conciliación, 23 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y 12 de ellas de carácter transversal o general.

En lo referente a las medidas de apoyo a la conciliación en el ámbito público, se establece en primer lugar promover la concesión de subvenciones para el desarrollo de actuaciones y programas que faciliten la conciliación personal, familiar y laboral y la igualdad de oportunidades. En este ámbito se contemplan subvenciones destinadas a compensar la disminución de ingresos por reducción de la jornada laboral; subvenciones a empresas que ofrezcan medidas de racionalización y flexibilización de horarios o subvenciones para fomentar la contratación de personas desempleadas para sustituciones por reducción de jornada, excedencia por cuidado de hijos u otras situaciones relacionadas con la maternidad o paternidad.

Además, se mantendrá un régimen de deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF vinculadas a la conciliación en aquellas destinadas al fomento del uso del permiso de maternidad cedido por la madre al otro progenitor y el apoyo al cuidado de menores hasta los cuatro años de edad por gastos derivados de su atención en escuelas o similares.