La Junta creará un censo de víctimas de la Guerra Civil y estudia crear un banco de ADN

El Decreto, que se inicia con la condena de la dictadura franquista y de la represión, regula el procedimiento de autorización de exhumaciones, siguiendo el procedimiento regulado en la normativa estatal, incluyendo las peculiaridades propias de Castilla y León, entre ellas, que será un Consejo Técnico de carácter autonómico quien autorizará estas actuaciones, siendo, además, el que compruebe que el proyecto presentado concuerda con lo que exige la norma del Estado y su decisión será vinculante para los ayuntamientos. Estará formado por un representante de la consejería competente en materia de memoria histórica; tres técnicos de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, designado por su titular entre archiveros, arquitectos y arqueólogos; dos representantes de las asociaciones memorialistas y dos representantes de la FRMP.

El Decreto recoge la creación de un Consejo Asesor como órgano colegiado de carácter consultivo con funciones de propuesta, conocimiento y asesoramiento. Estará compuesto por el titular de la consejería competente en materia de memoria histórica; una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la representación de los intereses sociales, culturales o humanísticos, elegido por los restantes vocales por mayoría de dos tercios, que será el presidente del Consejo; un representante de las consejerías competentes en materia de memoria histórica y de patrimonio cultural; dos representantes de la FRMP; dos representantes de las Cortes; cuatro profesionales y académicos en los campos de la arqueología, la medicina forense, la historia contemporánea y el derecho, designados por las Universidades Públicas; cinco representantes de las asociaciones y un representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas.

Además, desde el punto de vista del reconocimiento y la memoria, se recoge que se elaborará un mapa de fosas y que se apoyarán los actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas. Asimismo, se establece que en los contenidos dirigidos a alumnos de la ESO y de Bachillerato se incluirán los destinados a conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En este mismo ámbito, el Decreto prevé la celebración de convenios con el Centro Documental de la Memoria, con sede en Salamanca, para el desarrollo de acciones conjuntas.

Por otro lado, la norma regula que la Administración apoyará institucional y económicamente a las asociaciones memorialistas de Castilla y León.

Finalmente recoge la colaboración con los ayuntamientos y la posibilidad de requerirles al cumplimiento de la Ley de 2007 a través de los instrumentos previstos en la normativa de régimen local de Castilla y León.

Además de estas cuestiones, en el Decreto también se incluye que se realizarán los estudios para analizar la posibilidad de crear un Banco de ADN y la atribución expresa de la competencia en materia de memoria histórica a la Consejería de la Presidencia.