La Junta aprobará esta semana una resolución para garantizar la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares

Sáez Aguado, que intervino en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León, recordó que esa resolución recogerá los dos requisitos para optar ese documento para los inmigrantes irregulares. En primer lugar, estas personas deberán llevar empadronadas al menos tres menos en algún de los municipios de España. Además, se les pedirá contar con una declaración de carecer de recursos económicos o bien tener un informe de los trabajadores sociales de que esa persona no dispone de medios.

«A partir de ahí se facilitará la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los ciudadanos que tienen formalmente ese derecho que se le reconoce por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social», explicó. Minutos antes de intervenir en el desayuno, manifestó que los inmigrantes irregulares no contarán con una tarjeta sanitaria como el resto de la población. No en vano, recordó que la expedición de este carné no es una competencia que corresponde a la Comunidad Autónoma y además es un tema jurídicamente controvertido.

El consejero subrayó que esta atención a los inmigrantes en situación irregular ya se venía prestando en Castilla y León pero ahora, con esta resolución, se reforzará esa garantía. «Con esto damos una garantía adicional a la atención de todas las personas que requieran asistencia sanitaria y que viven en la región», precisó.

Recordó que este asunto se abordó hace unas semanas en la reunión entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y las plataformas en defensa la sanidad pública, que reclamaron ampliar la sanidad pública a la población inmigrante sin papeles. Antonio María Sáez Aguado apuntó que la Junta ya atiende a todos los inmigrantes que viven en el territorio aunque, a partir de ahora, habrá más garantías para las personas que, «formalmente», no tienen derecho a la atención sanitaria. No en vano, los representantes de las plataformas plantearon que, «puntualmente», había incidencias con este tipo de población sin papeles.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ya anunció tras su toma de posesión que el nuevo Gobierno socialista deseaba recuperar el derecho a la atención sanitaria a todo el mundo, incluidos los inmigrantes en situación irregular que, en 2012, quedaron excluidos del Sistema Nacional de Salud por Real Decreto.

Precisamente, el consejero comunicó que hoy enviará una carta de felicitación a la nueva responsable de la cartera, que también recogerá el compromiso de la Junta de Castilla y León con el sistema nacional de salud y con su mejora.

Sáez Aguado manifestó que una de las cuestiones fundamentales que hay que abordar con el nuevo Ejecutivo es el debate sobre la manera de costear la sanidad, en el contexto del nuevo modelo de financiación autonómica. Recordó que la semana pasada estaba prevista una reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, que se suspendió con la formación del Ejecutivo. «Los consejeros y la ministra debemos tener una posición respecto a las necesidades y la suficiencia del modelo de financiación de la sanidad», añadió. Precisó que ya remitió al anterior equipo del Ministerio un documento con los criterios de la Junta para abordar esta financiación

Además, demandó la aprobación definitiva de un real decreto en la prescripción enfermera, que ya quedó «muy avanzado» con el anterior Gobierno, tras alcanzar un acuerdo con la mayor parte de las comunidades. Por último, mencionó otro real decreto sobre los precios de medicamentos.

Durante su intervención en el Club de Prensa de El Mundo, Sáez Aguado destacó el sistema de salud de Castilla y León, «muy consolidado y muy bien valorado», gracias a su cercanía, acceso y calidad. Eso sí habló de algunos problemas, «propios de sistemas de salud avanzado». No en vano, precisó que existe una demanda creciente de servicios sanitarios.

Recordó que el Servicio Regional de Salud (Sacyl) es la mayor empresa de la Comunidad, por recursos y profesionales, sin olvidar la concepción de los ciudadanos que se trata del servicio público «más esencial y más universal» porque lo utiliza casi el cien por cien de la población.