La Junta aprobará un decreto para ayudar a recuperar la memoria histórica

«La Guerra Civil y los 40 años de dictadura fueron un desastre para España», ha resumido el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez (PP), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a este decreto, con el que pretende contribuir a que el país avance en esta reparación: «es indigno que las familias no puedan enterrar con honor a sus muertos», ha asumido.

Tras varios meses de funcionamiento de una comisión parlamentaria que ahora permanece «bloqueada», la Junta ha decidido aprobar este decreto para amparar las actividades de localización, exhumación e identificación de los restos mortales de las víctimas de la guerra y la dictadura.

De Santiago-Juárez ha explicado que otras autonomías han optado por aprobar leyes para abordar esta misma materia y ha reconocido que en el ámbito nacional «puede faltar algo» para superar el discurso de los bandos de la Guerra Civil.

En este sentido, ha elogiado la «buena intención» del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al aprobar la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, aunque seguidamente ha criticado que se presentara con un planteamiento de «ahora nos toca a nosotros, porque 'nosotros' somos todos los españoles». «Fue un drama, la guerra y la dictadura», ha insistido.

Sobre el contacto con las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica para elaborar este decreto, el vicepresidente ha defendido que han atendido buena parte de sus planteamientos, en un contexto en el que, sin contar con datos ciertos para hablar del número de víctimas existentes aún en fosas comunes sin recuperar, van teniendo menos problemas a la hora de acceder a los terrenos en los que se encuentran los restos mortales.

En este sentido, el decreto regula el acceso de las asociaciones a los terrenos públicos o privados en los que tengan indicios sobre la presencia de represaliados.

En el caso de los terrenos públicos, la Junta prevé la adopción de medidas contra los ayuntamientos que se nieguen a facilitar el acceso de las asociaciones, mientras que en el caso de los terrenos privados el Ejecutivo promoverá la «ocupación temporal», una figura legal que se utiliza en otros ámbitos como la construcción de carreteras o la realización de catas mineras.

Sobre la elaboración de un mapa de fosas comunes y enterramientos vinculados con la Guerra Civil y la posterior represión durante la dictadura, De Santiago-Juárez ha explicado que será remitido posteriormente al Gobierno de España para contribuir al dibujo de este problema a nivel nacional.

El vicepresidente ha anunciado que será en el próximo mes de febrero cuando la Consejería de la Presidencia que dirige presente la línea de subvenciones a la que podrán recurrir las asociaciones, dotada inicialmente con 100.000 euros. «Vamos a ver lo que dan de sí», ha contestado al ser preguntado por si podría ampliarse esta cuantía.

En el apartado de agradecimientos, De Santiago-Juárez ha elogiado la labor del procurador socialista Álvaro Lora, a quien ha quitado responsabilidad sobre el «bloqueo» de la comisión creada para avanzar en esta materia, y también ha valorado las aportaciones y acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO, como participantes en la redacción del decreto.

«En la transición se hizo lo que se podía hacer, había mucho ruido de sables», ha destacado el vicepresidente de la Junta, convencido de que no es justo intentar juzgar el pasado con los ojos presentes.