La Junta aplaza la reforma de la ley de Transparencia hasta que se apruebe la estatal

«Es más prudente esperar a los avances y al marco general que se plantee en la nueva normativa estatal», precisó Carnero, ante lo que fue una de las banderas del anterior Gobierno de coalición de PP-Cs, cuyo proyecto de ley de reforma de la ley de Transparencia se encontraba en las Cortes pero fue uno de los que decayó con la convocatoria de las pasadas elecciones del 13 de febrero.

También manifestó que está en fase de pruebas el Portal de Transparencia para Entidades Locales, una herramienta que se pondrá a disposición de todas las corporaciones locales de Castilla y León en los próximos meses, lo que permitirá que puedan dar debido cumplimiento a sus obligaciones de transparencia.

Igualmente, anunció la aprobación de un decreto que implante el sistema de evaluación de las políticas públicas y un Proyecto de Gobierno del Dato, así como una actualización de la normativa tanto la relativa a la Inspección de Servicios como la referida a los altos cargos.

Ante las primeras denuncias presentadas, subrayó que se ha puesto de manifiesto la necesidad de reformular la normativa sobre los altos cargos, dado que la sucesiva modificación de estas normas ha llevado a la existencia de ciertas contradicciones de necesaria adaptación. «Y eso es lo que vamos a hacer», resumió.

«La transparencia en la gestión pública pasa por incrementar la confianza de la ciudadanía en quienes presiden el actuar del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León», argumentó.

Así, abogó por asentar una cultura de ética pública en la prestación de los servicios, para que exista un control exhaustivo de posibles malas prácticas por parte de la administración que puede propiciar el incumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, así como el control de posibles irregularidades administrativas.

Por ello, manifestó que se modificará un artículo de la ley reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, que encomienda a los Servicios Jurídicos de la Comunidad el asesoramiento preventivo al sector público de la Comunidad y, de forma especial, a sus empresas públicas.

En el área de «compliance penal», explicó que se está ultimando la elaboración de un Protocolo contra conductas delictivas para las empresas públicas de la Comunidad, vinculante para ellas, que evite que puedan incurrir en sí mismas, como personas jurídicas, en responsabilidad penal.

«Se trata, en definitiva, de una medida adicional y eficaz de lucha contra la corrupción y el fraude, evitando posibles actuaciones individuales y personales inadecuadas de sus directivos», manifestó.