La Junta anuncia nuevas becas para los alumnos con excelencia del rendimiento académico

Una ayuda que beneficiará a los estudiantes que acrediten una nota media por encima de ocho puntos sobre diez el último curso académico mientras se mantienen las otras modalidades de becas con una ayuda variable (en base a requisitos generales, académicos y económicos) y la fija ligada a la residencia.

Es una de las novedades que recoge el proyecto de orden de la Consejería de Educación, consultado por la Agencia Ical, que establece las bases reguladoras de las ayudas para el alumnado que curse enseñanzas no universitarias para el curso 2024-2025, con motivo de la nueva ley educativa LomLOE.

El cálculo de la nota media tendrá en cuenta las calificaciones numéricas finales del último curso académico obtenidas por los estudiantes en la escala de 0 a 10, valorándose las asignaturas, materias o módulos no presentados o suspensas con 2,50 puntos. En el caso de los alumnos que accedan directamente desde un ciclo de FP a unas enseñanzas no universitarias de nivel superior, la nota media será la calificación final del ciclo formativo correspondiente desde el que se accede.

Además, el documento contempla la ampliación de las modalidades, niveles y tipología de estudios, sin olvidar las becas a los colectivos más vulnerables socioeconómicamente así como dar un tratamiento «favorable» a las familias monoparentales, las víctimas de terrorismo y las de violencia de género y sexual.

No en vano, la orden apunta que la Junta tiene entre sus objetivos «prioritarios» garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, por lo que tradicionalmente convoca ayudas dirigidas a los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables para que todos puedan acceder a una educación de calidad en condiciones de igualdad, en la misma línea de las convocadas por la administración estatal.

Por otro lado, la Junta obligará al alumno que disfrute de una ayuda ligada a la residencia justificar que vive fuera del domicilio familiar durante todo el curso escolar y que asiste a clase en la modalidad presencial a un mínimo de 20 horas lectivas semanales.

Es una beca destinada a los estudiantes que acudan a un centro educativo fuera de la localidad donde se encuentra el domicilio familiar debido a que la distancia existente no puede ser cubierta por los medios de transporte públicos, «resultando imposible la asistencia al horario lectivo».

En cuanto al domicilio familiar, el documento consultado por la Agencia Ical precisa que se considerará el más próximo al centro que pertenezca o en que resida de forma habitual algún miembro de la unidad familiar, aunque no coincida con el domicilio legal del solicitante.

El proyecto de orden no fija las cuantías de las ayudas a la residencia aunque en el curso actual se fijaron en 1.600 euros, mientras que la beca variable oscilaba entre los 200 y 450 euros, en función de la renta de la unidad familiar. En todo caso, precisa que las cuantías mínimas serán las que se determinen en la normativa estatal. La convocatoria publicada el año pasado contaba con un presupuesto de 900.000 euros.

El criterio «rector» para la concesión de las ayudas será el cumplimiento de los requisitos y obligaciones recogidas en la orden como, por ejemplo, la asistencia regular al centro educativo donde los alumnos becados se encuentren matriculados. Si hay un incumplimiento en este sentido, se verá obligado a reintegrar una cuantía, que se calculará de manera proporcional al número de días de inasistencia no justificada. Además, la Consejería establecerá una relación «priorizada» de los solicitantes en orden inverso a su renta familiar, hasta agotar el presupuesto.

También se incluirá una nueva deducción o modificación del umbral de la renta familiar para los alumnos por pertenencia a una familia monoparental. La Junta expone que, con el fin de prestar «especial atención» al alumnado que por sus circunstancias familiares o geográficas pueda necesitar un mayor apoyo económico.

En este sentido, la convocatoria mantendrá las bonificaciones cuando el estudiante pertenezca a una familia numerosas, discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, dos o más hermanos que vivan fuera por estudios universitarios, ubicación del domicilio familiar en el medio rural y orfandad del solicitante. Lo que está por fijar es el importe de la deducción.