La Junta anticipa 5 millones al transporte público de viajeros por carretera para 2023

Todo ello da lugar al establecimiento de un modelo de prestación de los servicios que da respuesta a estas singularidades, en un tipo de transporte que presenta un bajo nivel de cobertura económica, puesto que un 63 % de sus rutas tienen menos de 5.000 viajeros/año.

La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, en su artículo 7 declara como servicio público al transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano, así como al transporte rural y metropolitano, adaptándose a las necesidades reales de cada territorio. Y de acuerdo con ello, en su artículo 10 responsabiliza a las administraciones públicas de asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios.

En este contexto se enmarca el acuerdo de Consejo de Gobierno para la concesión de una subvención directa como anticipo a 17 titulares de 65 concesiones de servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, que han soportado un déficit superior a 500.000 euros en 2022, con el objetivo de que dispongan de la liquidez necesaria para la prestación del servicio. El resto de los concesionarios recibirán una subvención directa, en las mismas condiciones, durante el primer trimestre del próximo año.

Hay que recordar que el pasado 7 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó la concesión de una subvención directa de 20,6 millones de euros para paliar el déficit de explotación de 2022, que se suman a los 17,4 millones ya concedidos por la Junta de Castilla y León en el presente ejercicio. De este modo, la Administración autonómica ha destinado este año 38 millones de euros para paliar el déficit de explotación.

En esta cuantía se incluye también el montante que los operadores han tenido que adelantar, como consecuencia de la aplicación de la reducción del 30 % en el precio de los títulos multiviajes de transporte para viajeros recurrentes, establecida en el Real Decreto del Gobierno 11/2022, de 25 de junio, a la espera de la aportación del Gobierno de España.

Con la subvención aprobada, la Junta de Castilla y León ha destinado cerca de 105 millones de euros, en los últimos tres años, para garantizar, por un lado, la adecuada sostenibilidad económica de los servicios de transporte público en condiciones de normalidad y, por otro, la liquidez del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector.