La Junta amplía a 150 metros la distancia entre los locales de juego y los centros escolares

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de la aprobación del anteproyecto de ley, que se envía ahora a las Cortes para su tramitación parlamentaria y que modifica la normativa reguladora del Juego y de las Apuestas, lo que afectará a un sector formado por 463 empresas y operadoras.

La reforma, que recoge las propuestas adoptadas por la Mesa de Juego Responsable de Castilla y León, establece medidas de prevención del juego «problemático y patológico». Por ello, las empresas deberán elaborar un plan de medidas en relación con la mitigación de los posibles perjuicios que puedan derivarse de una práctica «abusiva e irresponsable» e incorporar los principios del juego responsable.

De este modo, entre los objetivos principales de esta reforma, que no alude al juego 'online' al exceder las competencias de la Comunidad, se encuentran el de proteger a los menores de edad y a los colectivos más vulnerables o que presentan conductas compulsivas ante el juego y las apuestas; velar por el orden público en el desarrollo de los juegos, y luchar contra el fraude. También atiende la necesidad de otorgar seguridad jurídica a este sector empresarial.

En ese sentido, el portavoz destacó que sigue una política de juego «responsable» para atajar los problemas derivados del «consumo abusivo» de juegos de azar, así como por lograr la «permisibilidad cero» de acceso de menores, así como estrechar la colaboración para sensibilizar y generar actitudes responsables y modificar hábitos inadecuados o perjudiciales.

El texto legislativo salido del Consejo de Gobierno plantea un régimen de distancias mínimas para los nuevos establecimientos, que se aplicará una vez se apruebe la ley, de forma que la Comunidad recuperará la concesión de autorizaciones, que ha estado suspendida durante dos años a la espera de que se tramitara esta modificación.

Otra de las novedades es que se somete a autorización previa de la Consejería de la Presidencia cualquier actividad que suponga la realización de actividades publicitarias, de patrocinio y de promoción del juego y de las apuestas, excepto la que se realice en el interior de los propios locales, con el fin de evitar el efecto llamada a jugar que la publicidad puede tener en los potenciales jugadores.

También se exigirá el anuncio fuera del establecimiento y la puesta a disposición de los jugadores en el interior de hojas de reclamaciones en modelo oficial, así como folletos informativos de prevención y de tratamiento de la ludopatía. También, se prohíbe el establecimiento de espacios para fumar o clubes de fumadores en el interior.

Además, se potencia el control en la entrada de los salones de juego y de las casas de apuestas, igualándolo al régimen de los casinos de juego y de las salas de bingo, de forma que todos los establecimientos deben disponer de un registro de visitantes y de un servicio de control de acceso, situados en cada una de las puertas de entrada al local, que identificará a todas las personas que deseen acceder e impedirá la entrada a los menores de edad y a las personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de Castilla y León.

Además, se prevé la posibilidad de establecer un sistema informatizado para la interconexión automatizada del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de Castilla y León con el registro homólogo de ámbito estatal, así como mecanismos de coordinación necesarios para la comunicación de datos con otros registros oficiales equivalentes de las comunidades autónomas.

En lo que respecta al régimen sancionador, se «matizan» los tipos de infracción administrativa y,se recoge que la recaudación obtenida por las multas y sanciones se destine preferentemente a los programas de prevención y rehabilitación de ludópatas; campañas y acciones formativas de prevención, dirigidas a la sensibilización y difusión de las buenas prácticas del juego, así como de los posibles efectos que una práctica no adecuada puede producir; y programas sociales, educativos y de salud pública de carácter general.

También, crea una Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable, como órgano colegiado encargado de coordinar la política de la Junta en materia del juego responsable.