La Junta alarga un par de semanas la elección de su proveedor de telecomunicaciones hasta 2027 por casi 100 millones

Este expediente de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital incluye las soluciones de telefonía fija, conexiones de datos de altas prestaciones, redes privadas virtuales de datos, accesos a internet, servicios de telecomunicaciones móviles y mensajería móvil. Aunque faltan cuatro meses, la Junta trabaja para cerrar el nuevo contrato ya que necesita seguir contando con estos servicios «sin interrupción».

En concreto, según la información de la Junta consultada por Ical, Orange demandó el pasado 2 de noviembre más días para presentar una oferta que cubra las necesidades descritas en los pliegos de la licitación. Alegó que debían realizar «numerosos diseños», recibir propuestas de proveedores y coordinar equipos de trabajo, al ser un «proyecto de cierta complejidad».

En la misma línea, Vodafone pidió un día después un plazo adicional de al menos un mes, debido a que las ofertas son de «gran complejidad técnica» y porque la información necesaria para hacerla constaba de más de 100 ficheros en diferentes formatos tamaños «cuyo análisis y comprensión es fundamental para elaborar una propuesta técnica y económica de calidad».

La Junta accedió a ampliar en 16 días el plazo de presentación de ofertas, del 21 de noviembre al 7 de octubre «para favorecer la concurrencia y para poder contar con ofertas lo mejor preparadas posible». Además, indica en la documentación del concurso que adopta esta medida, de «interés público», aunque es «importante disponer de los nuevos servicios cuanto antes».

En abril, el anterior gobierno de la Junta, que estaba ya en funciones, informó de que había iniciado la tramitación del contrato de servicios de telecomunicaciones que da soporte tecnológico a la actividad de la Administración autonómica por 97,7 millones de euros. Entonces, designó al titular de la extinta Consejería de Fomento y Medio Ambiente como responsable de esta actuación, por lo que ahora está en manos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que ordenó el 8 de junio el inicio del expediente de contratación.

Esto supuso uno de los primeros pasos del proceso destinado a elegir las empresas que proveerán a la Junta de los servicios de telefonía fija, telecomunicaciones móviles, redes privadas de datos y sus respaldos, y accesos directos a internet una vez que termine el contrato vigente, adjudicado en 2017 a Telefónica, que termina en marzo de 2023.

Además, el 21 de octubre se publicó el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, junto con a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. En él, se establecía que el plazo de presentación de las ofertas finalizaba el día 21 de noviembre, a las 14 horas.

Los días 26 de octubre y 4 de noviembre se publicaron rectificaciones de errores materiales, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas, respectivamente, que no supusieron ampliación del plazo de presentación de ofertas, si bien ante la petición de Orange y Vodafone, se extendió hasta el 7 de diciembre.

A partir de entonces, la mesa de contratación deberá estudiar toda la documentación para formular una propuesta de adjudicación, que si nada lo impide, elegirá al proveedor de servicios de telecomunicaciones hasta 2027.

Con el nuevo contrato para cuatro años y valorado en 97,74 millones (IVA incluido), la Junta aseguró en primavera que iba a lograr una mejora en rendimiento, simplicidad y disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones, sin olvidar la protección de la seguridad de la información en un entorno cada vez «más hostil».

En concreto, la Junta entiende que estos servicios de telecomunicaciones satisfacen las necesidades de comunicaciones de la organización y la permiten innovar, mejorando su eficacia y eficiencia, mediante la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que durante la pandemia permitieron la continuidad del trabajo de los empleados públicos, mediante el acceso remoto o las videoconferencias, y la prestación de servicios esenciales como la educación virtual, la administración electrónica, el apoyo al empleo o la atención sanitaria telefónica.